Tendrá que haber otro intento para ordenar el uso del asturiano en la Junta, porque el de ayer falló. La “autotraducción”, la propuesta del PSOE para resolver las supuestas faltas de entendimiento dando al orador “asturfalante” un tiempo para que traduzca su propia intervención, pasó por la Junta de Portavoces sin el asentimiento de los grupos, que escenificaron un nuevo desencuentro político sobre la fórmula de la que ha de dotarse la cámara para resolver el espinoso encaje del bable en el parlamento. El texto que contiene la interpretación jurídica del proyecto socialista, presentado ayer por los letrados de la Junta, no agradó ni siquiera a la formación proponente. Se desmarcó el PSOE, aumenta la división y hasta la cólera lingüística en el parlamento y el asunto pasa ahora sin acuerdo a la Mesa, que debe decidir en un clima de divergencia, precedido de una cosecha de reproches contra Vox y contra la propuesta socialista, que de pronto ayer ya solo servía a PP y Vox.
Será la Mesa, a quien por reglamento y mandato de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional compete fijar los criterios de uso de la llingua, la que debe tratar de encontrar un punto medio para un intrincado jeroglífico que llega a sus manos muy separado de la unanimidad política. El presidente del parlamento, Marcelino Marcos Líndez, se ha comprometido a someter al órgano rector de la cámara una nueva versión buscando que el equilibrio contente a todos.
Difícil. La pauta la marca la necesidad de conciliar el derecho de uso del bable con la imposibilidad de imponerlo y con las reclamaciones de quienes aduzcan que no lo comprenden. Para intuir por dónde puede ir hay que saber que su grupo, el socialista, no se reconoció ayer en la versión de su propia propuesta tal y como los servicios jurídicos la redactaron para que fuera evaluada en la Junta de Portavoces. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, considera que lo escrito es “excesivamente rígido para dar respuesta a una casuística muy diferente y variada en el uso del asturiano en la cámara”. El borrador de acuerdo que acabó roto establecía básicamente que una vez manifestadas las dificultades de comprensión de una intervención en asturiano, siempre que esta no haya sido facilitada por escrito en español, se habilitará un tiempo extra para que el orador se traduzca a sí mismo.
“Queremos un uso con normalidad, como ocurría hasta la llegada de Vox”
“Los partidos más radicales quieren mantener viva una polémica artificial”
“El diputado que intervenga en bable no debe tener un tiempo extra”
“La llingua está en el punto de mira de los intolerantes, es la hora de la oficialidad”
“Es imposible llegar a un acuerdo si dos grupos sólo ponen palos en las ruedas”
“El problema con el asturiano en la Junta no es de comprensión, sino de intolerancia”
“El PSOE se rinde a la política lingüística de Podemos, es quien les marca el paso”
Entienden los socialistas que tal y como ha quedado plasmado el planteamiento es demasiado inflexible y genérico, que no acoge en toda su dimensión la variedad de los supuestos que pueden darse –por ejemplo, que no se entienda una palabra, una expresión, o un giro–, y prefieren que se otorgue cierto margen de maniobra para resolver problemas concretos al presidente de la Cámara o, en su caso, a los de las comisiones. Los criterios que se fijen ahora, abunda Carcedo, “deben ser flexibles y adaptables a las diferentes circunstancias que puedan producirse”. En una versión que cada vez se extiende más por la Junta, mientras tanto, la portavoz socialista pide que el foco no se desvíe de la necesidad de que “el asturiano se siga utilizando con normalidad en la Junta, como venía sucediendo hasta que Vox alteró esta situación en la presente legislatura”.
La propuesta de la “autotraducción” ya se había encontrado nada más ser presentada con la dura crítica de Podemos. Ayer se añadieron las de Ciudadanos, Foro e IU. Podemos quiso trasladar el debate a la urgencia de la oficialidad, y su portavoz, Daniel Ripa, proclamó en un “discurso político” leído ayer en la Junta que en el clima de crispación creciente “la llingua está en el punto de mira de los intolerantes” y que “es el momento” de “blindar derechos sociales” mediante la reforma del Estatuto de Autonomía. “No se puede penalizar el uso de la llingua en la Junta”, apostilla el diputado morado Rafael Palacios.
Con la constatación de que “posturas extremistas están impidiendo que nos centremos en otros asuntos de máxima prioridad para los asturianos”, el diputado de Ciudadanos Sergio García se opuso abiertamente a “que el diputado que intervenga en bable disponga de un tiempo extra que no le correspondería”. IU se apunta a la necesidad de evitar los traductores y su portavoz, Ángela Vallina, lamenta que haya “dos grupos que están en contra de la utilización de nuestra cultura, de nuestra lengua. Es imposible llegar a ningún acuerdo porque lo único que hacen es poner palos en las ruedas y buscar problemas”. Para Adrián Pumares, portavoz de Foro, “el problema que existe en la Junta con el uso del asturiano no es de comprensión, sino de intolerancia”, y señaló que “Vox no quiere que haya diputados y asturianos que utilicen la llingua, porque les molesta”. Ahí, dice, “siempre nos van a tener enfrente”.
El PP se sitúa en el lado desde el que no se miraba con malos ojos la propuesta de la “autotraducción” y la diputada Reyes Fernández Hurlé reprocha a “los partidos con las posiciones más radicales” que “no quieran alcanzar un acuerdo y busquen dilatar este asunto en el tiempo para mantener viva una polémica artificial”. Ellos están, enlaza, “en el sentido común”, el de “garantizar el derecho al uso del asturiano y el de los diputados a entender las intervenciones” sin que el remedio deba llevar a “un gasto extra para los asturianos”.
Ignacio Blanco (Vox) interpreta la retirada de la propuesta socialista asegurando que el PSOE “se rinde a la política lingüística de Podemos”. Lamenta que el asunto vuelva al “punto de partida” y también avanza que “no aceptaremos ninguna propuesta que suponga un gasto para los asturianos”.
El Constitucional, al fondo
Lo enconado de las posturas mantiene en el aire la respuesta a un asunto que se arriesga muy seriamente a volver a terminar en el Tribunal Constitucional. La Mesa decidirá, pero en el caso muy probable de que no contente a todos, tanto quien aduzca que no entiende lo que se habla como quien se sienta lesionado en sus derechos por la carga adicional de traducción o aclaración podrían, según expertos juristas, sentirse legitimados para recurrir de nuevo en amparo al Tribunal que acaba de resolver sobre el asunto.
