Una sentencia del Tribunal Supremo, que acaba de condenar al Estado a pagar a la Junta de Castilla y León 182 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017, abre la puerta a que Asturias pueda ingresar más de 86 millones por ese mismo concepto. El Principado está pendiente de una solución a ese litigio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano judicial encargado de dictaminar sobre el requerimiento previo presentado por el Gobierno autonómico, que había sido desestimado por la Secretaría de Estado de Hacienda en 2020.
“La decisión relativa a Castilla y León es un buen precedente ante la reclamación propia que tiene presentada Asturias”, valoraron en la Consejería de Hacienda ayer, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al recurso contencioso-administrativo presentado por la Administración autonómica castellano-leonesa en septiembre de 2020, tras intentar, sin éxito, una solución extrajudicial.
La Junta de Castilla y León reclamaba el pago de 182 millones de euros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del año 2017 correspondientes al IVA, al considerar que la pérdida de un mes, el de diciembre, por un cambio decidido por el ministro Cristóbal Montoro, suponía “una pérdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación”. Y también sostenía que al quedarse el Estado con toda la recaudación del IVA de ese mes, sin repartir la parte correspondiente a la comunidad autónoma, se había producido un enriquecimiento injusto para la Administración central.
El Supremo ha estimado el recurso de la Junta de Castilla y León al reconocer que “el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el real decreto 596/2016 determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la comunidad autónoma”.
La sentencia del Tribunal Supremo da base al resto de comunidades autónomas, que dejaron de ingresar 4.150 millones por la liquidación del IVA de 2017. En el caso de que ahora todas activen mecanismos de reclamación de forma simultánea, el Estado se verá en un aprieto al tener que formalizar la devolución en el complicado escenario actual de la pandemia.
Los Servicios Jurídicos del Principado formalizaron el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diciembre del año pasado, después de ser rechazado su requerimiento previo por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda. Asturias tuvo paralizada su reclamación inicial, debido al estado de alarma, durante buena parte de año pasado, pero finalmente decidió reactivarla y, de paso, incrementar la cantidad que espera ver compensada de los 75 millones iniciales a 86,5. El grueso de esa diferencia estriba en el añadido de casi diez millones de euros que le corresponderían a Asturias de dicho impuesto por su condición de comunidad autónoma uniprovincial y destinataria, por tanto, del porcentaje que le corresponde como Diputación Provincial.
“Enriquecimiento injusto”
“Entendemos que ha habido un enriquecimiento injusto del Estado, que se remonta a la modificación del reglamento decidida en la etapa del señor Montoro”, argumentó meses atrás el vicepresidente del Gobierno regional, Juan Cofiño, cuando anunció el inicio formal del litigio contra el Estado.
El Principado, ahora, deberá esperar a conocer si el veredicto de la sala contencioso-administrativa hace suyos los argumentos del Tribunal Supremo en cuanto a la afectación que la pérdida de dichos ingresos supuso para la financiación de la comunidad autónoma.
