Esta medianoche finaliza el estado de alarma y surge la duda sobre si las comunidades autónomas pueden coartar derechos como la movilidad. Los tribunales superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares han avalado un toque de queda propuesto por las comunidades, que sin embargo ha sido rechazado en el País Vasco. El Gobierno, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, ha pedido al Tribunal Supremo que siente doctrina sobre este asunto. Los expertos solo se ponen de acuerdo en un punto: el Gobierno debería haber legislado para facilitar a las comunidades un arsenal jurídico suficiente para lidiar con la pandemia.
El catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida considera que las comunidades sí pueden adoptar medidas coercitivas, sin intervención del poder judicial, con el fin de contener un problema de salud, en virtud de la ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. “Es absurdo que quede en manos de los jueces”, opinó. Las comunidades, que son las competentes en la materia, pueden aprobar leyes de salud, y de hecho lo han hecho Galicia –recurrida por el Estado– y Aragón. “Es posible el toque de queda sin estado de alarma, lo que ocurre que ahora, al no haber leyes regionales, tienen que recurrir al Juzgado o al TSJA, y las decisiones de éste pueden recurrirse ante Supremo”, añadió.
En el lado contrario, el jurista Javier Junceda considera que los jueces “no son ni gobernantes ni legisladores”, y “las comunidades autónomas no pueden limitar un derecho fundamental fuera del estado de alarma”, aunque en su opinión, la restricción de movimientos es más propias del estado de excepción. “No se puede convertir a los tribunales en legisladores negativos”, añadió. “Ni aceptar que una administración autónoma establezca limitaciones a la circulación en su territorio. La ley de Medidas Especiales solo permite actuar en puntos muy concretos, como edificios o barriadas, pero en ningún caso se puede cerrar una localidad o un municipio. Pueden intervenir limitando el horario o aforo de los establecimientos, pero siempre justificándolo”, sentenció. Los municipios, por su parte, pueden actuar contra el “botellón”, que está prohibido desde hace dos décadas.
