El “caso Hulla”, en el que se investiga una presunta trama de corrupción que permitió el supuesto enriquecimiento del exlíder minero José Ángel Fernández Villa y del que fuera su mano derecha y presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, está a un paso del fin de la instrucción. Pero aún queda un fleco pendiente. La declaración del exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, prevista para el viernes, se suspendió al haber recurrido la Fiscalía Anticorrupción y el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), vinculado al partido Podemos, el auto de la jueza instructora en el que denegaba investigar al exconsejero de Industria y Empleo Graciano Torre, y otros altos cargos del antiguo Gobierno nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. Queda pendiente así esa declaración de Pérez Villalta por un presunto delito de prevaricación.
El auto judicial se dictó el pasado mes de febrero. Anticorrupción había solicitado que se tomara declaración en calidad investigados a Pedro Luis Marín Uribe, Carlos Fernández Álvarez, Manuel Gómez-Cano Hernández y María Isabel Azpeitia García, todos ellos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), además de al exconsejero Graciano Torre por los delitos de prevaricación y malversación.
Según la Fiscalía, todos ellos habrían facilitado la concesión de 30 millones de euros con cargo a los fondos mineros para construir el geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo de Aller. Con ello, presuntamente, “también habrían permitido que dichos fondos enriquecieran fraudulentamente a las personas que se colocaban detrás del proyecto”. Es decir, a Fernández Villa, a Postigo y al resto de implicados en la construcción del edificio.
Pero la magistrada deniega la solicitud porque todas las decisiones se habían adoptado en la sede del IRCM, en Madrid, con lo cual ella carece de competencias “para el conocimiento y esclarecimiento de las presuntas irregularidades”. Y no solo eso, sino que, además, el presunto delito de prevaricación habría prescrito al haber transcurrido más de diez años. En el caso del exalcalde de Aller, había especificidades en dicho auto judicial.
La magistrada denegó la imputación de Pérez Villalta por el delito de malversación de caudales al carecer de competencias para ello. Y en cuanto al de la presunta prevaricación, indicó que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya había resuelto sobre las decisiones adoptadas por el Pleno municipal para la construcción del residencial de lujo del Montepío, y que además lo había hecho “de forma expresa e inequívoca” con el sobreseimiento.
Sin embargo, el exalcalde, en su día, se había acogido a su derecho a no declarar, por lo que la magistrada había resuelto que sería citado de nuevo para tomarle declaración antes de resolver de manera definitiva su imputación o no por el delito de prevaricación.
Esa declaración era la que estaba prevista para el viernes pasado, pero no se celebró porque Anticorrupción y OCAN recurrieron el auto de la magistrada instructora ante la Audiencia Provincial, y aún está pendiente de resolver. Cuando lo haga, habrá que citar de nuevo a Pérez Villalta para tomarle declaración.
Las distintas fuentes consultadas coincidieron en que “no se sabe cuánto tiempo puede tardar” en resolverse este fleco pendiente de la instrucción, ya que, al menos de momento, no hay más pruebas pendientes de practicar una vez que el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, volvió a declarar a petición propia y presentó nueva documentación que, en principio, avala la tesis de la acusación de que se realizaron modificaciones al proyecto inicial para tratar de justificar la inversión de los 30 millones de euros de los fondos mineros y no devolver nada de ese dinero.
