Las novatadas, el plagio o el acoso podrán ser sancionados con la expulsión de entre dos meses y tres años en la Universidad, según la futura Ley de Convivencia Universitaria aprobada ayer por el Consejo de Ministros, cuyo ámbito de aplicación excluye a los centros privados y al profesorado y personal no docente.
El proyecto de ley redactado por la cartera de Manuel Castells, que se enviará al Parlamento sin demasiada premura –a finales del verano–, derogará una de las pocas normas franquistas aún en vigor: el Reglamento de Disciplina Académica de Enseñanza Superior, firmado por Franco y el ministro Joaquín Ruiz Giménez en septiembre de 1954 en el Pazo de Meirás. Un decreto “anacrónico”, “obsoleto” y que entraba “en contradicción” con los principios democráticos, según lo definió la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien añadió que la nueva ley responde a una amplia demanda de la comunidad universitaria y del Defensor del Pueblo.
La nueva ley será de aplicación en las universidades públicas, mientras que las privadas podrán desarrollar sus normas de convivencia “inspirándose” en estas, según fuentes del Ministerio, quienes añadieron que los centros privados quedan fuera de su ámbito de regulación. Este hecho ha sido criticado por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. Según su portavoz, David López Maturén, “hay muchas cosas comunes en la comunidad universitaria, como puede ser el plagio”. Según fuentes del Ministerio de Universidades, el profesorado y el personal no docente son trabajadores, por tanto se rigen por otro tipo de legislación.
