El Parlamento asturiano deberá abordar después del verano la renovación del consejo de administración de la Radio Televisión Pública del Principado de Asturias (RTPA), al cumplirse en noviembre los seis años de mandato de la última designación. Al tiempo se abordará la elección de quien deberá ser director general del ente, cargo en el que lleva dos años de forma provisional Francisco G. Orejas después de que Antonio Virgili renunciase al puesto en febrero de 2019 y no se hallase otro sustituto alternativo.
La designación de director general aún no cuenta con candidatos, señalaron medios parlamentarios. En la anterior renovación, en 2015, el PSOE planteó dos nombres, además de la continuidad del hasta entonces director, Antonio Virgili: se trataba del entonces director de Producción y Explotación, Francisco González Orejas, y del trabajador de RTVE José Luis Muñiz Viejo, vinculado a UGT. Tras la dimisión de Virgili, González Orejas fue designado director interino, si bien su próxima jubilación impide que se plantee su continuidad por otro periodo en el puesto. La opción de José Luis Muñiz Viejo parece descartada ya que no contaría con el apoyo del PP. Otra opción sobre la mesa es que la persona que ocupe la dirección general salga del actual equipo directivo de la TPA. Así, el nombre de la actual directora de antena, Lucía Herrera, se plantea desde ámbitos próximos al ente, pero esa alternativa aún no ha sido siquiera sopesada por los partidos políticos.
La RTPA afronta, además, un periodo decisivo en materia económica. Por un lado, deberá acometer una importante renovación de equipos para adaptarse a la normativa europea que obliga a que a partir del 31 de diciembre de 2022 todas las emisiones sean con calidad HD (siglas en inglés de Alta Definición). Según algunas fuentes, la inversión necesaria para actualizar los equipos de la televisión pública asturiana rondará los 7 millones de euros, que deberían inyectarse a través del presupuesto regional. También está prevista la renovación de uno de los platós, con el fin de incorporar un programa de debate político. Esta novedad en la parrilla de la televisión autonómica ya estaba prevista para este ejercicio pero quedó postergada debido a la pandemia.
Francisco G. Orejas ejerce de manera provisional y desde hace dos años el puesto de director general
Pero también existe una reclamación aún viva de la Agencia Tributaria, por un monto que ronda los 8 millones de euros a cuenta del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) repercutido. Esta reclamación fiscal ha sido recurrida tanto ante la propia Agencia Tributaria como ante los tribunales contenciosos. Se trata del IVA correspondiente a dos tramos (el que discurre entre 2013 y 2014, y el correspondiente a 2017 en adelante). El ente público ha elevado una consulta a la UE al respecto y existe discrepancia jurídica sobre la cuestión. En todo caso, indicaron fuentes próximas a RTPA, el Gobierno regional se ha comprometido a asumir esa cuantía en caso de que finalmente la televisión pública tuviese que abonar ese IVA. No obstante, la justicia ha fallado a favor de otras televisiones autonómicas (la catalana TV3, la aragonesa, la gallega, la balear, la extremeña, la murciana y la de Castilla La Mancha) en idénticas reclamaciones de Hacienda.
Se necesita una mayoría reforzada de dos tercios (treinta de los 45 diputados del parlamento) para designar el consejo de administración. Idéntica mayoría requiere el nombramiento de director general. Ya se han producido contactos parlamentarios entre socialistas y populares de cara a esa renovación y ambos partidos están dispuestos a allanarla, si bien en el PSOE se mantiene que todas las opciones están abiertas. Los números, no obstante, establecen dos posibilidades. El nombramiento del consejo de administración saldría con los votos del PSOE (20) y PP (10), a los que se sumarían de partida los de Izquierda Unida (2), proclive a respaldar el proceso desde el principio. Sin el Partido Popular las opciones del PSOE pasarían por la suma necesaria de Ciudadanos (5) y Podemos (4).
Contra esta posibilidad pesa el malestar en la formación morada en la última renovación del consejo de administración. El pasado marzo fue necesario cubrir el hueco dejado por una vocal del consejo designada a propuesta de Podemos, partido que creía que podría proponer sustituto. Sin embargo, la Junta estableció que la cuota de reparto en el consejo de administración debía hacerse con los resultados electorales del pasado 2019, por lo que la propuesta de nombramiento correspondía al PSOE. Así fue designada Norma Bernad, que logró el respaldo necesario con los votos del PP, partido que recuerda esta circunstancia a la hora de abordar la próxima renovación de los órganos de dirección del ente.
