La “Asturias vacía” queda fuera de los criterios que contempla la Unión Europea para que el Estado pueda conceder subvenciones a las empresas instaladas en zonas con problemas de despoblación. Aunque el Principado cuenta con más de una veintena de concejos con una densidad demográfica por debajo de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, los autónomos y empresas de esas zonas no podrán optar a las bonificaciones de los costes laborales porque el cómputo regional de ese indicador es mucho más elevado, por encima de los 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Las directrices, revisadas recientemente por la Comisión Europea, sí permitirán esas ayudas para Teruel, Soria y Cuenca.
Europa reconoce a los estados miembros la posibilidad de conceder ayudas a la inversión y al funcionamiento de las empresas en zonas con muy baja densidad demográfica, una consideración en la que hasta ahora solo entraba Laponia, ya que el requisito era que las regiones receptoras tuvieran menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, hasta ahora solo Finlandia, Suecia y Noruega podían conceder ese tipo de subvenciones, cuyo fin es potenciar el tejido productivo y la creación de empleo para revertir situaciones de retroceso demográfico. Unas medidas que se han traducido en mejorías para asentar actividad económica y población en esos países escandinavos.
El principal cambio decidido por Bruselas consiste en que a partir de 2022 los estados podrán aplicar ese tipo de bonificaciones o subvenciones en “zonas poco y muy poco pobladas” y no solo a “zonas con muy baja densidad de población”: el listón pasa, por lo tanto, de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado a los 12,5. Este nuevo criterio abre el abanico de territorios aspirantes a ese tipo de ventajas: Teruel, Soria y Cuenca en España, pero también a otras regiones de Grecia, Croacia y Letonia. Ahora, el establecimiento de dichas ayudas, que son de carácter estatal, dependerá del Gobierno español.
Este nuevo escenario provocó una consulta desde ámbitos empresariales de Asturias a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para saber si también podrían optar a estas ventajas, relacionadas con los costes laborales y que consisten, por ejemplo, en exenciones de hasta el 20 ciento en las cuotas a la Seguridad Social. La respuesta fue “negativa”. El motivo es que la densidad demográfica de la región está en torno a los 96 habitantes por kilómetro cuadrado, bastante por encima del que deben tener las unidades territoriales donde se autorizan estas ayudas estatales específicas.
En cambio, las condiciones actualizadas para la concesión de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) establecen el listón demográfico de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado para municipios o agrupaciones de concejos, lo que le permitirá concurrir a la captación de esos fondos. Además, también podrán entrar en ese reparto los municipios que hayan perdido al menos un 1% de población anual entre 2007 y 2017.
La estructura poblacional de Asturias presenta una gran asimetría entre la zona central, donde están los municipios con mayor número de habitantes, y las alas, occidental y oriental, en varios de cuyos concejos se está agudizando el declive demográfico, un proceso que ya empezó hace más de dos décadas. Mientras un tercio de los 78 concejos está por debajo de la consideración de “zona poco o muy poco poblada”, es decir por debajo de las 12,5 vecinos por kilómetro cuadrado, los municipios del centro configuran un área metropolitana, con más de 800.000 habitantes repartidos en concejos que suman algo más de 1.522 kilómetros cuadrados para una relación de 530 habitantes por kilómetro cuadrado.
La modificación de los criterios demográficos fue promovida, entre otras instancias, por la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa (SSPA), un lobby de distintas asociaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca que reivindica un cambio en las políticas de desarrollo territorial para tratar de revertir el grave proceso de despoblación, envejecimiento y fragilidad demográfica y económica que amenaza a buena parte de los territorios rurales y de montaña del Sur de Europa. Las asociaciones empresariales destacaron el apoyo recibido de sus respectivos gobiernos autonómicos (Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha) para arrancar ese cambio de criterio en Bruselas.
Aunque las exenciones en los pagos de la seguridad social para Teruel, Soria y Cuenca todavía están pendientes de confirmación por parte del Gobierno de España, sus asociaciones empresariales ya echan cuentas sobre los potenciales beneficios económicos: la patronal de Teruel cifra en unos 55 millones de euros el ahorro anual para las compañías turolenses que supondrán las ayudas por despoblación.
