El último intento de buscar acuerdos para abordar la reforma de la financiación autonómica acabó mostrando las abiertas diferencias entre los territorios y que los objetivos divergen en cada caso, persiguiendo cada comunidad sus propios intereses por encima de evaluar las necesidades ajenas.
El Gobierno central ha destacado que considera que los trabajos desarrollados en 2017 por una comisión de expertos pueden ser un punto de partida para abordar ese debate, pero lo cierto es que aquel intento de encontrar puntos comunes terminó con una abierta disparidad. Ahí quedaron claramente expresadas las posiciones, de difícil conciliación, entre quienes consideran que la evaluación del coste de los servicios públicos debe tener en cuenta más factores que la población, quienes defienden que los territorios más poblados no pueden acabar peor financiados en el cálculo por habitante, y quienes sostienen que aquellas comunidades más ricas también han de mantener, una vez reasignado el dinero que el Estado distribuye entre los diferentes territorios, la misma posición que les establecía su mejor capacidad fiscal.
Aquella comisión de expertos concluyó sus trabajos en julio de 2017. Había 21 especialistas, de los que 5 eran de la Administración del Estado, 14 representaban a las comunidades autónomas del sistema común (excluyendo las forales y la ausencia en esa reunión del representante de Cataluña) y otros dos expertos propuestos por Ceuta y Melilla.
Aunque allí se planteó un modelo de financiación, lo cierto es que se emitieron numerosos votos particulares, entre ellos los del asturiano Ángel de la Fuente y Manuel Lagares, en representación de la Administración del Estado. Aquellas reuniones se iniciaron siendo representante por Asturias Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda de la Universidad de Oviedo, quien finalmente abandonó el grupo al considerar que también debían someterse a revisión los conciertos financieros del régimen foral (País Vasco y Navarra). Fue sustituido por el economista Roberto Fernández Llera, hoy Síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas.
El informe final plantea, entre otras cuestiones, que se armonicen los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, y que se establezcan dos fondos: uno de ellos para tratar de reducir aparentes desigualdades, el llamado Fondo de Nivelación Vertical.
En el debate sobre este modelo cada cual reveló sus cartas. El representante de Madrid se mostró en contra de que hubiese algún tipo de condonación de deuda (un problema que no sufre esa comunidad autónoma); Aragón y Cantabria cargaron contra el hecho de que fuese la capacidad de recaudación de cada territorio la que establezca la “ordenación” a la hora de determinar quiénes reciben más; Extremadura defendió que ninguna comunidad pierda recursos por el cambio de sistema y señaló la necesidad de reformular los cálculos de la población ajustada (un valor que a la población real incorpora otros parámetros vinculados a los costes de las prestaciones), porque hay prestaciones de servicios deficientemente evaluadas. Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla y León y La Rioja terminaron por presentar un voto conjunto en contra de que se eliminase la cláusula que establecía que ninguna comunidad perdiese a cuenta del nuevo modelo (la llamada cláusula del “statu quo”).
Por contra, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura proponen que el nuevo Fondo de Nivelación Vertical se reparta entre los territorios, comenzando por aquellos peor financiados por habitante, y defienden que se nivelen de forma homogénea los servicios.
Es aquí cuando discrepa abiertamente el criterio de Baleares. Su experto (el economista Guillem López Casasnovas, que representaba informalmente al Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC), llegó a plantear un modelo totalmente alternativo según el cual las comunidades con mayor capacidad de recaudación fiscal deberían ser las mejor financiadas. Partiendo de eso, establecía cierto reparto de solidaridad basado en un pacto fiscal. Incluso llega a firmar que “nivelar excesivamente servicios universales es simplemente disparatado”.
La discrepancia llegó a ser tan abierta que hasta el presidente de la Comisión, Manuel Lagares, presentó con el asturiano Ángel de la Fuente un voto particular quejándose de que el cónclave acababa por demostrar que respondía a “un diseño de expertos de bandera”. Como alternativa, plantean un plazo de cinco años para poner fin al “statu quo”, acompañando ese proceso con un fondo cooperativo transitorio. Es decir, que a la larga se terminase por ajustar al nuevo sistema todo el reparto eliminando esa condición de que “nadie pierda” (“statu quo”), pero dejando un margen de tiempo para acomodarse.
En definitiva, la reunión de expertos sirvió para poner sobre la mesa los ejes en este debate que, desde entonces, se mantienen en idénticas posiciones:
Población y fin del “statu quo”.
Esta posición está principalmente defendida por Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha. También están en contra de la nivelación parcial (es decir, rechazan que en ciertos servicios exista una posición de partida homogénea en toda España). Solo de las tres anteriores la Comunidad Valenciana defiende que se mantenga la ordinalidad (un criterio que garantiza que una región mantenga la posición que tiene en el ranking de generación de riqueza, una vez que se haya producido la redistribución territorial de los recursos).
Los defensores de que se revisen los costes y reclaman solidaridad.
Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja se oponen al criterio de ordinalidad y a que desaparezca el “statu quo” (para evitar terminar perdiendo en el reparto respecto a lo que ya tienen), al tiempo que reclaman que exista una mayor precisión en la valoración del coste que supone prestar los servicios en cada territorio.
Rechazo a que se perdone deuda.
Madrid apenas interviene más que para expresar su disconformidad con que se produzca la condonación total o parcial de la deuda autonómica y pasa de puntillas por el debate sobre la armonización de impuestos, pese a que tradicionalmente se ha opuesto a ello.
Enmienda de totalidad.
Solo Baleares (que representaba en cierta medida la posición de Cataluña) cuestiona todo el modelo. Defiende que importa más la capacidad fiscal que el coste de la prestación del servicio, defiende la competencia tributaria frente a la armonización, apuesta por más recursos para las comunidades con más renta y, en definitiva, rechaza criterios de solidaridad.
La eterna promesa de abrir un melón que nadie toca.
La posición que han venido expresando algunas autonomías en las últimas semanas parece anticipar que, finalmente, vaya a abordarse una reforma del modelo de financiación. Pero, al igual que en el cuento del pastor y el lobo, la cuestión se aplaza y se aplaza. Todos palpan el melón financiero y debaten sobre sus características, pero ni los gobiernos de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez han decidido abrir la fruta. No ha habido diferencias en las posiciones en esta cuestión desde que en 2017 se elaboró el informe de expertos y muchos dudan que ahora vaya realmente a afrontarse la cuestión, máxime cuando el Gobierno de Sánchez ha convocado otra comisión de expertos para abordar una reforma fiscal, que necesariamente deberá condicionar el debate de la financiación. Por eso, en medios políticos se cree que lo más probable es que el Gobierno central compense las exigencias de Cataluña con inyecciones económicas alternativas (fondos europeos o a través de los Presupuestos Generales del Estado) y que, de ser acuciantes las necesidades de la Comunidad Valenciana (Ximo Puig está urgido por sus socios de Compromís, con el PP valenciano sumado a esa reclamación, y sufre desgaste demoscópico), se lleve a cabo algún tipo de ajuste provisional.
