“Esta nueva ley va a suponer una gran agilidad porque hasta ahora cualquier pequeña modificación en un Plan General podía llevar años”. Cecilia López, alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC)) resume con esas palabras el avance que va permitir la ley autonómica de Medidas Administrativas Urgentes, que se encuentra en trámite de audiencia e información pública y es una de las patas en las que se sustenta el plan de modernización de la administración del Principado, promovido e impulsado por el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño.
Esta nueva normativa pretende reducir o eliminar trabas administrativas y mejorar los procedimientos con una potencial incidencia en la economía, como son la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente. Parte de esta futura ley se basa en reducir, simultanear y centralizar trámites en estas áreas. Una de las principales novedades es que los informes relativos a la tramitación de los planes generales en los municipios de menos de 40.000 habitantes, relacionados con cuestiones tan diversas como patrimonio, comercio, carreteras o movilidad, se centralizarán en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), que emitirá un informe único.
“Será una gran ventaja porque ahora una sencilla modificación parcial obliga a introducir cambios de planeamiento que resultan casi tan complejos como la redacción de un Plan. Muchas veces un mínimo cambio lleva dos años o más, una desesperación”, argumenta Cecilia López, quien está convencida de que el hecho de que las autorizaciones vengan directamente de la CUOTA permitirá, por ejemplo, agilizar el inicio de las obras ante la coyuntura que se avecina de fondos europeos, “en los que uno de los requisitos a cumplir será precisamente su ejecución rápida, en un plazo concreto”.
Cecilia López pone ejemplos prácticos del salto que permitirá esta nueva ley de simplificación administrativa a efectos urbanísticos: “Permitirá dar mayor agilidad a una modificación urbanística para crear una industria, algo vital para municipios de este tamaño porque la implantación de empresas genera actividad económica y, lo más importante, la creación de puestos de trabajo”. Diversos instrumentos del desarrollo del planeamiento urbanístico se verán favorecidos por esta simplificación tales como los planes especiales, los planes parciales o los estudios de implantación, detalla la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos. La alcaldesa de El Franco también valora muy positivamente el efecto que tendrá la declaración responsable, a efectos de simplificación administrativa. “No quiere decir que no haya que cumplir la normativa. El cumplimiento de la norma será idéntico. La labor de los servicios técnicos de las empresas será muy importante, porque deberán asegurarse de que todo está bien ya que en el caso de que haya irregularidades vendrán las demoliciones”, detalla Cecilia López.
La presidenta de la Federación de Concejos reconoce que la apuesta por la agilización administrativa del Principado resulta, si cabe, más necesaria “ante el caballo de batalla que supone ahora mismo la ley de Contratos del Sector Público, que ralentiza los procesos y genera grandes retrasos”.
Asturias no es la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha la elaboración de una ley de medidas administrativas urgentes, sobre todo con el fin de allanar lo máximo posible la tramitación de proyectos que puedan estar ligados a los fondos europeos de reactivación postcovid. Castilla-La Mancha y Canarias son algunas de las autonomías que tienen en marcha normativas similares.
El Principado ha publicado el contenido de este anteproyecto legislativo en el portal Asturiasparticipa, a modo de consulta pública previa, donde se ha cuestionado la necesidad de esta nueva normativa autonómica con el argumento de que ya existe una ley nacional de procedimiento administrativo con procesos de tramitación simplificada. “La única cuestión que debería tratar esta ley es que no exista un procedimiento administrativo superior a los tres meses, como sugiere esa ley de 2015”, recoge uno de los comentarios a la nueva ley autonómica.
