El Ministerio de Educación dará a toda la enseñanza infantil –de 0 a 6 años– un tratamiento común. Así lo afirma el borrador del nuevo decreto de currículo para esta etapa, que pretende dar un giro a los primeros años de enseñanza. Previamente, el primer ciclo de Infantil se reducía al cuidado de los niños y no tanto a la educación de estos. Por ello, en anteriores regulaciones, Educación únicamente hacía alusión al segundo ciclo de infantil –de tres a seis años–, obviando la primera etapa –de 0 a 3 años–, a la que no se le otorgaba demasiada importancia y cuya gestión quedaba siempre a cargo de las comunidades autónomas, pudiendo haber formas de operar muy diferentes en función del lugar de nacimiento del niño.
Con el nuevo proyecto de ley, los profesores de ambos ciclos de Infantil deberán coordinarse para facilitar la transición de los alumnos entre las etapas. Los docentes cobrarán así aún más importancia en la formación de los niños, en unos años donde también se combinan la educación recibida en casa y la recibida en el aula. Al final de cada etapa, los tutores deberán elaborar un informe, que incluirá “el desarrollo y las necesidades de cada alumno, tanto en el plano académico como en el vital”.
Por otra parte, se pretende que esta reforma sea el primer paso para la integración total del primer ciclo de Infantil en el sistema educativo, que siempre había estado en un “limbo” al no ser obligatorio. Educación busca así acelerar la extensión de la gratuidad en el primer ciclo de infantil, una etapa educativa que es una de sus grandes apuestas de la legislatura junto a la Formación Profesional. El ejecutivo nacional espera que estas medidas entren en vigor en septiembre del año que viene –coincidiendo con el inicio del curso 2022-2023–. Además, la reforma prevé tener un efecto positivo en el empleo, creando hasta 65.000 nuevas plazas públicas en el sector. Otro de los objetivos del decreto es lograr una mayor personalización de la enseñanza y que los niños sean educados de manera equilibrada e igualitaria, “libres de estereotipos sexistas o discriminatorios”. El ministerio aspira a que el proyecto haga la enseñanza más accesible, especialmente para aquellos niños que provienen de entornos de pobreza o marginalidad.
El Gobierno remitió hace unos días la primera versión del decreto a las comunidades autónomas, que tendrán ahora un periodo de alegaciones. Aún está por ver el grado de aceptación que tendrá el proyecto entre las administraciones regionales, que perderán competencias respecto al estado y respecto a los colegios. Los centros educativos gozarán de una mayor relevancia, ya que se encargarán de elaborar una parte del programa educativo. El aumento de la autonomía de los centros será aplicable tanto para la Educación Infantil como para la Educación Primaria.
