La apretada agenda de la ministra Pilar Llop se cerró en la tarde de este viernes en la Cámara de Oviedo, donde respaldó con su presencia la firma del convenio entre la entidad cameral y los colegios de Abogados de Oviedo y de Economistas de Asturias para constituir el Instituto de Mediación del Principado. Llop también introdujo la conferencia de su amigo personal Agustín Azparren, abogado, exvocal del CGPJ y exmagistrado de la Audiencia Provincial, que ha arbitrado unos 400 acuerdos de mediación desde 2013, y que este viernes expuso sus reflexiones sobre las Medidas Adecuadas de Solución de Conflictos (MASC) que contempla el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
Tras la firma del convenio por parte del presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, el decano del Colegio de Abogados, Luis Albo, y del decano del Colegio de Economistas, Abel Fernández Martínez, la ministra explicó que “introducir los MASC en el sistema de justicia es una apuesta firme del Ministerio para buscar la mejor forma de solucionar los conflictos”, lo que no siempre pasa por la jurisdicción. “Hasta ahora, la mediación y la conciliación se han usado como herramientas alternativas o pre-procesales con un perfil bajo. Ahora pretendemos impulsar su desarrollo”, añadió.
“El objetivo es doble. Por una parte, queremos reducir el número de conflictos que llegan a la jurisdicción acortando los tiempos de atención. Por otra, facilitar la resolución de problemas con la menor conflictividad posible, contribuyendo a la cohesión social”, recalcó. Y permite “una ejecución más rápida”. La ministra tuvo palabras de cariño para Agustín Azparren, a quien agradeció la participación que tuvieron en el Proyecto Twinning de reforzamiento del sistema judicial búlgaro, que permitió a Llop una estancia de dos años en Bulgaria como asesora residente.
Ni qué decir tiene que Agustín Azparren defendió a capa y espada las ventajas de la mediación. No en vano lleva promoviéndola varias décadas, desde que era magistrado, como una forma de reducir la agobiante litigiosidad que colapsa los Juzgados. Una litigiosidad que irá a más. “Vamos a pasar de la pandemia sanitaria a una pandemia judicial, porque una de las consecuencias de las crisis económicas es un aumento de los litigios”, vaticinó Azparren.
Dice el dicho popular que “más vale un mal acuerdo que un pleito”, pero los españoles no se dan por enterados, porque “es uno de los países más litigiosos del mundo, con seis millones de asuntos civiles y mercantiles, y Asturias está, proporcionalmente, a la cabeza de esa litigiosidad”. A la par, añadió, somos el país con el menor número de jueces. “Ahora hay 5.700 y se necesitarían 10.000, lo que es imposible económicamente. Por tanto, la solución que nos queda es reducir la litigiosidad”, sentenció.
El anteproyecto que está planteando el Gobierno supondrá “cambiar la cultura de un país”. Como el ya implantado en Italia, que platea la mediación obligatoria, el anteproyecto en marcha prevé “un abanico de posibilidades para intentar llegar a un acuerdo, también incentivos fiscales y algo que me gusta mucho, un sistema de sanciones con incremento de costas por abuso del servicio público de Justicia”, explicó Azparren.
Para el veterano abogado, la mediación no solo permite ganar tiempo, sino que evita estrés, satisface a las dos partes y garantiza el cumplimiento de los acuerdos. Según Azparren, en Italia, la ley ha supuesto que el 20 por ciento de los asuntos civiles y mercantiles terminen en acuerdo. Y calificó de “buena noticia para Asturias” el acuerdo firmado para la creación del Instituto de Mediación.
