Manuel Arce Lana, el magistrado de 64 años que esta semana ha sido expulsado de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial ante la reiteración de sanciones, ya dejó huella en el Juzgado de Siero, que presidió a lo largo de 1989, cuando andaba por la treintena. Los funcionarios denunciaron entonces a Arce Lana por “trato despótico, inhumano, autoritario y vejatorio”. Una de las funcionarias tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico por el acoso recibido. Los colegios de abogados y procuradores de Oviedo también presentaron una protesta formal ante el entonces presidente del Tribunal Superior de Asturias, Eduardo Gota Losada.
Arce Lana, que llegó a Pola de Siero desde Benavente (Zamora), no estaba muy a gusto y pidió rápidamente el traslado, a la vez que dejó de cumplir con su trabajo, acumulando un gran número de asuntos sin resolver. Agustín Azparren, hoy abogado, pero entonces un joven magistrado que acababa de llegar a Oviedo, fue destinado en comisión de servicio durante unos meses para tratar solventar el atasco.
Una funcionaria polesa tuvo que ponerse a tratamiento y Arce dejó un atasco de asuntos
Tras la presentación de las denuncias, la sala de gobierno del Tribunal Superior ordenó al magistrado José María Alvarez Seijo la apertura de diligencias judiciales para investigar las acusaciones. En diciembre de 1989 se concluyó la instrucción y la sala de gobierno acordó considerar los hechos imputados a Arce como constitutivos de una “falta leve de desconsideración hacia iguales o inferiores en el orden jerárquico”, que preveía una sanción disciplinaria de una simple “advertencia y reprensión”. Los funcionarios, molestos por esta decisión que consideraban excesivamente benévola, reaccionaron reclamando ante el CGPJ que se le expulsase un año de la judicatura por “falta grave”, sin éxito.
Poco tiempo después, en 1992, ya como juez de Vigilancia Penitenciaria de Santa Cruz de Tenerife, Arce Lana, se ganó la animadversión de los funcionarios de prisiones después de que se refiriese a tres reclusas etarras como “presas políticas vascas” y pusiese en tela de juicio la profesionalidad de los trabajadores carcelarios.
Lo cierto es que la acumulación de asuntos sin resolver y el maltrato a los funcionarios han sido la tónica general en su trayectoria. El magistrado terminó presidiendo el juzgado central número 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, entre 2000 y 2010, donde llegó a acumular 500 causas sin resolver, cinco sanciones en nueve años y otros dos expedientes por faltas de respeto a sus funcionarios, a los que llamaba “feo”, “calvo” o “gordo”, exigiendo a su vez que se le tratase como “señoría ilustrísima”. Hasta 24 funcionarios pidieron el traslado, y dos tuvieron que someterse a tratamiento después de que Arce los martirizase amenazándoles con meterles “un paquete”. Ese expediente terminó en sanción de empleo y sueldo, pero el Supremo la revocó porque el procedimiento disciplinario había causado.
A partir de entonces, comenzó un periplo por diversos juzgados. En 2014, siendo titular del Juzgado número 1 de Baracaldo, lo suspendieron nueve meses tras acumular 200 asuntos sin resolver. En 2015 volvió a ser sancionado, esta vez en el Contencioso número 2 de Almería. En 2016 le denegaron el reingreso en la carrera por falta de aptitud. Recurrió ante el Supremo y el Constitucional, que le dio la razón en 2018. El julio de 2019 pasó al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona, de los de familia, donde en menos de cinco meses dejó sin resolver 53 sentencias de divorcio y 14 autos de medidas previas y provisionales. Fue la gota que colmó el vaso. Los suspendieron tres años y finalmente el CGPJ decidió echarle.
