La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la patronal de la hostelería (OTEA) desmintieron ayer al consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, en relación con las últimas restricciones aplicadas al sector hostelero para contener la pandemia de covid-19, aprobadas por el Ejecutivo regional el pasado 24 de diciembre.
La FADE subrayó que, al contrario de lo dicho anteayer por el titular de Salud en la Junta, no fue informada previamente de la cancelación del ocio nocturno y del adelanto de la hora de cierre de toda la hostelería: “No solo no se anunciaron tales medidas, sino que no se plantearon ni como una opción que se estuviese barajando”, indicó FADE mediante un comunicado.
Entre tanto, OTEA niega que su presidente, José Luis Álvarez Almeida, manifestase en alguna reunión previa las palabras que le atribuyó el titular de Salud: “Que prefería mil veces que se cerrara por completo el ocio nocturno a que se adelantara la hora de cierre”. A la vez que afirma que la declaración parlamentaria del Consejero es falsa, la patronal hostelera lamenta el giro drástico dado por el Gobierno de Asturias el 23 de diciembre y pide al Gobierno regional “que no dé un nuevo paso en la infame utilización de nuestro sector para escurrir las inoperancias de su gestión”.
El Gobierno regional ratificó ayer la versión ofrecida por Pablo Fernández. Sus palabras en la Junta tenían como telón de fondo la dimisión del director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, que fue comunicada por el interesado al titular de Salud el día de Navidad, o sea, 24 horas después de aprobarse las citadas medidas. Pablo Fernández aseguró en su comparecencia parlamentaria que el doctor Cofiño apoyó las citadas restricciones. Esta aseveración es contraria a lo que en los días y semanas anteriores había manifestado Cofiño en diversos foros: su oposición a medidas del tipo de las aprobadas el día 24 y su apuesta por garantizar la ventilación de los locales en los que se prescinde de la mascarilla para comer y beber.
En su comunicado de ayer, la FADE señala que, antes de la aprobación de los cierres, la organización empresarial “únicamente fue informada sobre medidas relativas a la adopción del ‘pasaporte covid’, los mayores usos de los medidores de CO2 y mínimas restricciones de uso de los locales de ocio nocturno sin ninguna otra restricción horaria, con las que si manifestó su acuerdo”. El resto de las decisiones “fueron adoptadas sin el conocimiento, ni mucho menos la conformidad de FADE, que las conoció a través de los medios de comunicación”.
Tanto los empresarios como OTEA consideran “imprescindible” que, por parte del Principado, se pongan en marcha de manera inmediata los mecanismos para resarcir económicamente a los empresarios afectados por estas medidas restrictivas.
La diputada autonómica del Partido Popular, Beatriz Polledo, ha expresado su “exigencia” al titular de Salud de “transparencia, seriedad y rigor en un tema tan sensible como es la salud y el trabajo de muchas familias del sector hostelero”.
