Para contener “la amenaza de fracaso contractual” por la escalada de los precios de las materias primas, el Gobierno del Principado ha elevado a definitivo el procedimiento excepcional de revisión de los precios de las licitaciones de obras públicas en Asturias. La adaptación del real decreto ley del pasado 1 de mayo trae a la región las condiciones establecidas allí para contratos que se encuentren en “todas las situaciones administrativas”. Eso ha subrayado el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, para precisar que estarán afectados los procesos en marcha que hayan alcanzado las fases de ejecución, licitación, adjudicación o formalización, pero que también se abre la posibilidad de abrir la subida del desembolso a aquellas las obras “cuyo anuncio”, de la licitación en adelante, se publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año. En concordancia con el procedimiento que establece la regulación estatal del pasado 1 de marzo, la elevación no podrá sobrepasar el veinte por ciento del precio de adjudicación y se aplicará a aquellas obras cuya subida de costes supere el cinco por ciento del importe certificado durante un periodo de entre un año y dos.
El Vicepresidente ha ampliado la posibilidad de revisión de precios a la Universidad de Oviedo y los ayuntamientos, “si así lo solicitaran”, y ha dado por hecho que esta posibilidad de ampliar el coste en esa cuantía máxima permitida del veinte por ciento faculta a la administración para “afrontar esta situación con solvencia”, de forma que “no sufra la contratación pública”. “Es difícil hacer una estimación”, añadió, sobre el impacto presupuestario que puede tener esta voluntad de retirada de la amenaza con la que la inflación acosa a la obra pública regional. Con la filosofía del “Cholo” Simeone, afirma que habrá que ir “contrato a contrato”, “proyecto a proyecto”. Esta legislación permite revisar “contratos del pasado” y otros “que ni siquiera están en fase de contratación… Repercusión habrá, sin duda, pero hay situaciones administrativas muy diferentes y es muy temprano para hacer cálculos”. En función de los materiales, habrá proyectos con escaso o nulo impacto, “otros agotarán los límites, los habrá que sufran afecciones de grado medio…”
Cofiño precisó además que la nueva regulación alcanzará tanto a proyectos de obra como de conservación y que no descarta, “si lo vemos necesario”, pedir una ampliación de los materiales cuya elevación de precio puede motivar la revisión del contrato y que aparecen en el real decreto en una relación explícita considerada escasa por los constructores asturianos. Se habla de los siderúrgicos, bituminosos, de aluminio o cobre y en este punto el Vicepresidente quiso recordar que incluso sin la reciente modificación “la ley de contratos ya prevé la posibilidad de acometer reformados que impliquen la sustitución de materiales por razones de interés o precios, y se hace habitualmente”. Tampoco hay “respuesta contundente” sobre la opción de que la suspensión de obras en marcha por haber excedido los plazos pactados sea eliminada. “Iremos proyecto a proyecto viendo cómo hay que proceder”, dijo rescatando a Simeone pero recordando, esto sí, que no habrá carta blanca ni manga ancha generalizada: “El riesgo y ventura inherente a cualquier contrato permanece”.
