“Deben darnos la instrucción, pero no en este momento de deterioro institucional”

–Le han votado más de mil fiscales, y son 2.500.

–Es un orgullo, es abrumador, nunca lo hubiese imaginado. En Asturias, de 51 fiscales me han votado 44. Soy consciente de que voy por la Asociación de Fiscales, pero a mí me ha votado toda la carrera. Intentaré luchar por que el Consejo Fiscal recupere la auctoritas, el peso específico para hacer de contrapeso al poder omnímodo del Fiscal General. Tenemos que ser un Consejo fuerte, que haga de freno y contrapeso, que ponga sentido común. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los vocales.

–¿Por qué ha arrasado la Asociación de Fiscales?

–La carrera ha salido a votar en masa a la Asociación de Fiscales y solo puede tener una lectura, que es la crítica a la situación de deterioro institucional por parte de la Fiscalía General del Estado.

–¿En qué se nota?

–En la imagen pública de la institución. La Fiscalía está constantemente en los medios de comunicación, pero para mal, se cuestionan nombramientos, abstenciones que no se producen. Siempre en la picota, y esto deteriora nuestra imagen, no nos da la imparcialidad que necesitamos, máxime cuando se debate si atribuir al fiscal la instrucción quitándosela a los jueces.

–La presidenta de su asociación habla de politización.

–Los fiscales generales son nombrados por el Rey a propuesta del Gobierno de turno. Eso está claro, pero hay que garantizar la independencia de la Fiscalía, no se puede no motivar los nombramientos discrecionales, que no se valore el mérito y la capacidad, sino la pertenencia a tu asociación.

–¿Qué supone su elección para la Fiscalía asturiana?

–Supone tener en el órgano asesor del Fiscal General del Estado una persona que conoce la realidad asturiana del Ministerio Público y los juzgados asturianos. Es una forma de canalizar las necesidades de esta Fiscalía en el órgano de asesoramiento, donde se tratan muchísimas cuestiones, como la ampliación de plantilla.

–Se han creado sesenta plazas y Asturias se ha quedado fuera.

–Se publicaron el mismo día de la votación. Proviene la propuesta del Ministerio de Justicia, no se sabe bien en base a qué criterios. Asturias debe de tener por lo menos una plaza en Avilés.

–¿Están sobrecargados?

–Sí, la plantilla no representa la realidad del trabajo de las fiscalías. Cada vez abordamos más competencias. Estamos para todo. Tradicionalmente nuestra jurisdicción es la penal. Pasamos a civil cuando hay menores y discapaces, pasamos a la calificación del concurso mercantil, al contencioso, a todas las jurisdicciones, y vamos ampliando funciones, pero la plantilla no crece en correspondencia.

–¿Se harán cargo de la instrucción?

–Los más antiguos de esta casa dicen que al opositar ya oían que nos iban a acabar dando la instrucción, pero nadie lo ve. Sí que se le debería dar al fiscal, porque somos una isla en el contexto europeo. Somos los que nos ocupamos de la acción pública en el juicio, y nadie mejor que el que la va a ejercer para instruirlo. Hay muchos motivos, pero no en estas circunstancias y no de cualquier manera. No con un juez que te tutele y no en esta situación de deterioro institucional, de la imagen de imparcialidad de la Fiscalía. No es el mejor momento.

–Y menos sin fondos, imagino.

–Claro, es que debe de ir acompañado de una dotación presupuestaria. Hay que dotar de medios materiales y humanos, va a suponer una inversión y un cambio total.

–¿Otras reivindicaciones?

–Muchísimas. En primer lugar, hay que garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal. Hay que tener autonomía presupuestaria, como el Poder Judicial. También autonomía reglamentaria, para poder autoorganizarnos, separándonos de Justicia. Otra cuestión pendiente es la formación. Nos formamos en el Centro de Estudios Jurídicos con letrados de la administración de Justicia, médicos forenses e incluso policías. Tenemos que tener una formación propia. Es que lo ha dicho el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco).

–El Consejo Fiscal se elige. ¿Debe trasladarse a los jueces?

–Es un orgullo, nosotros elegimos a nuestros representantes. Sin duda debería trasladarse. Una de las cosas por las que los de la carrera hermana nos envidian, aparte de los concursos a resultas, es nuestro consejo, que es democrático y representativo de toda la carrera. Cada fiscal es un voto. Es un orgullo cómo han salido en masa todos los compañeros a dar un voto crítico con la situación actual, precisamente a la asociación contraria a la de la Fiscal General del Estado.

–La Fiscal Superior pide desdoblar la Fiscalía. ¿Por qué?

–Comparto absolutamente esta reivindicación histórica. Al desdoblarse habrá un fiscal jefe y un teniente fiscal en la provincial, y un fiscal superior y un teniente fiscal de la comunidad autónoma, como ocurre con los jueces. Debe desdoblarse por un principio de igualdad. Es lo que rige en Madrid y otras regiones uniprovinciales tenemos derecho a no ser discriminadas. Se nos cercena a los fiscales de esas otras comunidades nuestro derecho a progresar profesionalmente. Nos están privando de plazas. También sería lógico que hubiese un jefe de personal, del mismo modo que en su día hubo en Oviedo un letrado de la administración de Justicia, que encabezaba la oficina y daba fe de todos los actos de los fiscales. No es una cuestión de fondos, es de voluntad.

–¿Y están bien pagados?

–Yo creo que la retribución debe ir acorde a la responsabilidad. Lo que es cierto es que jueces y fiscales no hemos recuperado la pérdida de poder adquisitivo. Hemos perdido desde 2007 un 20 por ciento. Debe convocarse la Mesa de Retribuciones –la ley dice que debe hacerse cada cinco años–, en la que esté presente Hacienda que es la que aprueba las partidas.