La Fundación Metal, hoy en liquidación, adeuda cerca de cuatro millones de euros a varios acreedores, entre los que están sus 69 empleados. El diputado del PP Álvaro Queipo puso este jueves sobre la mesa durante la comisión de Industria varios indicios de irregularidades en la gestión de la entidad formativa asturiana. El popular preguntó al consejero de Industria, Enrique Fernández, por la existencia de subvenciones sin justificar, sobresueldos de un antiguo alto cargo de la Consejería y el alquiler de una nave a la que nunca se llegó a dar uso en el concejo de El Franco.
Fernández, ante una primera pregunta genérica del diputado del PP sobre la situación de la fundación, volvió a defender que la liquidación de la sociedad –participada por el Gobierno del Principado, los ayuntamientos de Gijón y Avilés, CC OO, UGT y, anteriormente, la patronal FEMETAL– era la única salida posible para la entidad. El consejero explicó que solo se llegó a este punto después de constatar la inviabilidad de otras alternativas, como la reestructuración de la deuda, la fusión con otras entidades o la conversión a una entidad pública.
En su turno de respuesta, Queipo, sin embargo, planteó varias cuestiones “llamativas” de la historia reciente de la Fundación Metal a las que habría tenido acceso después de que la Mesa de Junta obligase al gobierno regional a entregarle las actas del patronato de la entidad, a lo que inicialmente se resistía la Consejería de Industria.
El diputado preguntó al consejero si conoce el resultado de una presunta comisión de investigación interna creada en febrero de 2020 para esclarecer el destino de algunas subvenciones para la formación y unos expedientes de revocación dictados por el Sepepa “por la incapacidad” de la entidad de justificar el destino de las mismas.
También exigió una confirmación sobre los indicios que apuntan a que el que fuera director general de Industria entre 2017 y 2019, Manuel Monterrey, “pasó facturas en concepto de sobresueldo” a la Fundación que también dirigía desde el Principado. A ese respecto, el popular preguntó si era cierto que “cuando la situación de la fundación estalló y se hizo pública” el Gobierno regional “le obligó a devolver el dinero facturado para intentar tapar algo que era ilegal”. El diputado popular también se refirió que la Fundación Metal, “en plena precampaña” de 2019, habría alquilado una nave en El Franco para anunciar un centro de formación para el Occidente, que la entidad habría pagado durante meses, sin la voluntad de “dotarla ni ponerla en marcha”. Queipo, que calificó estos hechos, para los que no hay confirmación oficial, de “cuestiones llamativas” cree que tienen vinculación con la quiebra de la entidad.
El consejero de Industria recordó que tomó posesión de su cargo en julio de 2019, meses más tarde de que tuviesen lugar varios de los hechos descritos por Queipo. Fernández insistió en que los problemas de la Fundación Metal de Asturias son de carácter estructural y que lo plantado por Queipo son “presuntos hechos concretos” de los que no tiene “confirmación o corroboración”, aunque ha dejado abierta la posibilidad de corroborarlos. Asimismo, el consejero también refirió que un cargo del PP también estaba presente en el patronato de la Fundación Metal. Fernández refirió que la responsabilidad de la entidad es de los patronos “y no exclusiva” del Principado o su consejería.
Los últimos episodios de la gestión de la Fundación estuvieron protagonizados por la elaboración de un plan de viabilidad de un millón de euros. El Principado debía aportar 400.000 euros que no llegó a ingresar en las cuentas de la entidad y abogó por su liquidación.
