El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) condena al Principado a abonar los 6.058 euros que la propietaria de un piso en alquiler reclamaba en concepto de la compensación por tener un inquilino declarado vulnerable y que, según las excepciones acordadas por el Gobierno con la llegada de la pandemia, no podía ser desalojado. El Ejecutivo había establecido un sistema de compensación a los arrendadores, que debían solicitarla. La cliente, representada por el abogado Luis Olay Pichel, solicitó las ayudas por vía electrónica ante la consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado.
Formalizada la petición, la Consejería consideró que faltaba la firma electrónica de la interesada, por lo que desestimó la demanda. Pero la defensa de la arrendadora sostuvo en el tribunal que prima el silencio administrativo positivo, por lo que con independencia de que faltase aportar documentación, la solicitud había sido presentada y la falta de respuesta conllevaba la concesión automática.
El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia admite el argumento de la demandante y condena al Principado a abonar la ayuda al considerar válido el silencio administrativo en este caso. Luis Olay Pichel, que además es presidente de la Asociación de Propietarios Arrendadores (Aspropar), considera que puede haber muchos solicitantes en esta misma situación, máxime cuando es probable que el Gobierno central amplíe la imposibilidad de echar a un inquilino vulnerable, como establece el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo. El Principado deberá abonar a la propietaria los 6.058.11 euros reclamados más intereses.
