La contundencia de Isabel Díaz Ayuso anunciando que Madrid no cumpliría con el plan de ahorro energético no ha provocado fricciones dentro del PP. Hay matices en las formas, pero la coincidencia en el fondo es amplia: los populares creen que el plan de ahorro aprobado por el Consejo de Ministros es “cosmético” e “insuficiente” y, aunque todos los territorios en manos populares garantizan el cumplimiento de la ley, seguirán elevando el nivel de crítica contra Pedro Sánchez exigiendo ahorro en las estructuras gubernamentales.
El propio Gobierno madrileño moduló su mensaje ayer cuando el vicepresidente y hombre fuerte de Ayuso, Enrique Ossorio, dejó claro que no se plantean no acatar la norma. Pero, eso sí, los servicios jurídicos de la Puerta del Sol analizan ya las competencias que tiene el Estado para obligar a, por ejemplo, apagar los escaparates comerciales desde las diez de la noche. Y en caso de que haya alguna laguna, fuentes populares confirman que Ayuso plantará cara en los tribunales. No es la única dentro del PP que ha sido tan contundente. El Gobierno de Murcia que dirige Fernando López Miras, aunque con un tono más prudente, también estudiará su “margen competencial” y, en función de eso, verá qué medidas aplicar.
El malestar se extiende a todas las comunidades del PP y muy especialmente a algunos presidentes que se vieron con Sánchez hace apenas unos días, caso de Castilla y León o Galicia. En realidad ya Génova marcó el paso ayer tras la primera reacción de Ayuso, intentando pasar de puntillas y mostrando “comprensión” con “todos los líderes autonómicos y locales por los bandazos del Gobierno”. Así lo dijo Elías Bendodo, coordinador general del PP. En la Junta de Andalucía sí quisieron desmarcarse más claramente de la polémica, asegurando que "las normas se cumplen", pero reprochando muy duramente la falta de consenso con el sector económico afectado.
El PNV, aliado del Gobierno, también se desmarca. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha calificado de "efectivistas" las medidas y ha subrayado que, ante ello, País Vasco "tiene su propio plan".
En las regiones gobernadas por el PSOE el acatamiento se alterna con el silencio. Desde la Comunidad Valenciana, el presidente, Ximo Puig, garantizó que se cumplirán las medidas y apeló, en contraposición a Madrid, a "actuar con responsabilidad", ya que, según defendió en alusión a Ayuso, "el populismo tiene unos límites en lo que es la decencia". También lanzaron críticas a la presidenta madrileña los presidentes de Asturias y Cantabria, el socialista Adrián Barbón y el regionalista Miguel Ángel Revilla, que coincidieron en subrayar la "insolidaridad" del Gobierno de Madrid.
Por parte de los socialistas, Patxi López señaló este miércoles directamente al PP, criticando que ha dado "impunidad para delinquir" a sus responsables autonómicos al darles libertad para decidir si aplican o no el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno. El portavoz socialista en el Congreso afirmó que incumplir las medidas impulsadas en este plan por el Ejecutivo es "situarse en contra de la Unión Europea" y mostrar una "absoluta insolidaridad con los socios Europeos y con España y los españoles".
Los jueces
Las comunidades autónomas no pueden dejar de aplicar la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, según advierten las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), cuyos portavoces han respondido a las preguntas de este diario sobre la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar los recortes en el consumo de energía. "A priori, y con todas las reservas, diría que las comunidades autónomas no podrían negarse a cumplirlo. Lo que no veo de ningún modo es que se pueda decretar un Estado de alarma o excepción para eso", explica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Luis Fernández Vaquero.
