La Administración del Principado no ahorrará energía con el teletrabajo hasta que haya aprobado el decreto que lo regula, en un momento impreciso del próximo otoño. Al largo proceso de tramitación de la norma, cuyo contenido es el resultado de un acuerdo con la mayoría sindical al que se llegó el 14 de mayo de 2021, aún le falta el dictamen del Consejo Consultivo como paso previo a su aprobación en el Consejo de Gobierno. Sin esta base jurídica, el propósito de impulso del trabajo a distancia que el Principado ha formulado esta semana dentro de sus medidas de ahorro energético quedará postergado hasta que el largo procedimiento administrativo haya quedado completado. La demora del Principado en el trámite ha reactivado las airadas críticas de los sindicatos de la función pública, perplejos al escuchar que el Gobierno pretende impulsar el teletrabajo pero ha consumido un año y tres meses, y subiendo, con mayoría sindical pero sin haber aprobado la norma.
El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ha justificado el retraso hablando del "debate jurídico intenso" que se desató en la Administración sobre si la materialización del convenio con los sindicatos podía ver la luz como mero acuerdo del Consejo de Gobierno o requería un decreto. "Por seguridad jurídica" se optó por la segunda alternativa, que lleva asociada una tramitación larga y compleja, con dos consultas públicas y todavía, después de quince meses, el paso pendiente, inminente según fuentes del Principado, de la remisión al Consultivo antes de su aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial del Principado…
Se habla del otoño sin certezas, toda vez que por ejemplo los trabajadores a los que representa el Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies vaticinan un periodo más largo llamando la atención sobre uno de los puntos del decreto, aquel que hace referencia a una entrada en vigor que "no será inmediata", sino que se hará efectiva "a los veinte días de su publicación. Además, impone como obligación que la solicitud se presente, al menos, con una antelación de dos meses al comienzo del periodo de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo que se solicita. Así las cosas, hasta el año que viene, con suerte, el derecho a teletrabajar sigue suspendido".
Hay también quien subraya en rojo la disposición que establece que la labor a distancia se prestará con los medios tecnológicos que aporte la Administración, lo que obligará a un proceso de compra de equipos que, afirman desde el sindicato CSIF, aún amenaza con dilatar más el proceso. Ahora que al Principado le urge el teletrabajo como medida de ahorro, en la organización se acuerdan de la propuesta que ellos hicieron antes de la pandemia, una alternativa que consideran más "sencilla, fácil y barata" que la de la Administración y que se planteaba a cambio de un "mínimo complemento" para el trabajador a cambio del uso de sus propios medios para trabajar. No les escucharon, protestan, y ahora el decreto sigue empantanado en los vericuetos de la tramitación administrativa, sin fecha de entrada en vigor. La norma estatal para el ahorro energético "ha pillado fuera de juego y sin los deberes hechos a la Administración que dirige el Adrián Barbón", interpreta el Conceyu, "y en concreto al departamento al que corresponde la gestión de la función pública asturiana".
Cuando sea que entre en vigor, el decreto autonómico establecerá dos días a la semana de trabajo a distancia, frente a los tres que se establecen en la Administración General del Estado –éste ha sido otro motivo de protesta y fricción desde la representación de los trabajadores–, e impone ese periodo de dos meses para que la solicitud del trabajador sea aceptada o denegada, así como el diseño de un "Plan individualizado de teletrabajo".
Mientras tanto, el segundo día con el decreto estatal de ahorro en vigor transcurrió ayer entre quejas de los trabajadores por las temperaturas de los centros de trabajo. En algunos, los 27 grados que marca el protocolo de la restricción del consumo se superaron ampliamente, sobre todo en los edificios cuyo diseño no permite abrir las ventanas, como el EASMU de Llamaquique. Se dieron casos de 29 y hasta 30 grados mientras la tercera gran ola de calor del verano apretaba en el exterior. Se multiplicaron las denuncias que recibieron los sindicatos de trabajadores molestos por la reticencia de la Administración a cumplir las nuevas condiciones. Un termómetro llegó a los treinta grados en la cuarta planta de la Consejería de Hacienda. "He venido a trabajar con bermudas y una camiseta y estoy esperando a que alguien me diga algo, porque entonces me van a oír", afirmaba un trabajador.
