El "Programa marco para el desarrollo de las extracciones de lobo en el Principado de Asturias, 2022-2023", publicado en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), es "absurdamente contrario a la legalidad vigente y al conocimiento científico disponible", denunciaron 18 asociaciones ambientalistas y animalistas asturianas. Estos colectivos reclaman al Gobierno autonómico "un giro radical hacia la racionalidad y la buena gestión", que pasaría, en su opinión, por dejar de matar lobos y centrar los esfuerzos en la aplicación de medidas preventivas. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que no aparece en la relación de colectivos firmantes, da como "seguro" que impugnará el Programa del Lobo en los tribunales de justicia, al considerarlo "un auténtico disparate".
Las asociaciones firmantes sostienen que el Programa del Lobo del Principado contraviene la orden ministerial que el pasado mes de septiembre determinó la inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). "El nuevo Programa asturiano 2022-2023 es sorprendentemente continuista con los anteriores" e incluye "una falsa argumentación de que cumpliría el actual marco legal".
Los ecologistas resaltan que la inclusión del lobo en el Lespre establece la "obligación legal" de que solo se puedan realizar extracciones y capturas de ejemplares "cuando no exista otra solución satisfactoria; esto es, cuando se haya demostrado que se han aplicado adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces".
El Programa del Lobo, según los conservacionistas, incumple este requisito legal: "Se fundamenta, como el Plan de Gestión del Lobo en Asturias y todos los programas anuales previos, en la premisa de ‘matar lobos para reducir daños’, pero esta idea es demostradamente equivocada", pues "todos los estudios científicos indican que matar individuos no reduce daños sino que los aumenta a continuación, salvo que se mate a un gran porcentaje de la población y se ponga en riesgo la viabilidad poblacional de la especie".
Señalan que "todas las revisiones científicas" revelan que para reducir daños resulta necesario aplicar medidas preventivas. Y critican que hasta este año solo haya habido en Asturias un programa de subvenciones para medidas preventivas de daños de fauna de 90.000 euros, en el año 2017, "que se agotó rápidamente dejando fuera a la mayoría de la gente solicitante". Desde entonces no ha habido ninguna otra partida presupuestaria hasta este año. Aseguran que la cantidad aprobada este año es "digna por fin", algo que consideran "resultado directo de la tan denostada por el gobierno asturiano inclusión del lobo en el Lespre".
El lobo, según los colectivos firmantes, es una especie en recuperación en la península Ibérica, por lo que sigue siendo "una especie amenazada y requiere protección". Y añaden: "Cuanto más tiempo se perpetúe una estrategia asturiana basada en matar lobos en lugar de medidas preventivas, más daños al ganado y mayor malestar social habrá, cuando es algo corregible".
El Programa del Lobo especifica las medidas preventivas que deben aplicarse antes de proceder a la eliminación de un lobo. Son de seis tipos: medidas disuasorias (visuales y sonoras), medidas defensivas (cerramientos), medidas de custodia y vigilancia (pastores y/o perros), controles letales, translocaciones y otras (esterilización, aversión). Señala, además, que si las preventivas no funcionaran y los daños fueran elevados podrían eliminarse lobos, pero las extracciones deberán ser "selectivas, realizarse en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano a las explotaciones afectadas". Asimismo, deberá realizarse "un seguimiento de la efectividad de las actuaciones de extracción".
En cuanto a la orden ministerial que determinó la protección del lobo en toda España, cuenta con el respaldo del Comité Científico –órgano consultivo del Ministerio– y los grupos ecologistas. Por contra ha cosechado el rechazo frontal de las cuatro comunidades autónomas del Noroeste –Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León– y las organizaciones ganaderas.
