Primera apertura del año judicial post-pandemia en Asturias, celebrada este mediodía en el salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) con presencia de todas las autoridades asturianas, incluido el presidente regional, Adrián Barbón. El presidente del TSJA, el magistrado Jesús María Chamorro, aprovechó la cita para meter prisa para la unificación de sedes judiciales de Oviedo en Llamaquique, que será posible gracias al acuerdo (aún no suscrito) entre la Tesorería de la Seguridad Social y la Universidad, que liberaría la Facultad de Ciencias para albergar la Audiencia Provincial. "Este acuerdo, que todos esperamos que se haga realidad, será un paso de gigante en la apuesta por una Justicia moderna y eficaz. Solo esperamos que se materialice en el más corto periodo de tiempo. No tenemos mucho margen de espera, porque el próximo año se crea el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Oviedo, que sería la octava sede judicial con ubicación distinta", indicó Chamorro en su discurso.
Chamorro no dejó de señalar que "hay que reconocer y aplaudir que parezca verse luz al final del túnel. La situación de las sedes judiciales es un problema muy acuciante, especialmente en Oviedo, donde la dispersión dificulta seriamente el trabajo, y lo que es más grave, compromete la eficacia". El anuncio realizado por Barbón para desatascar la situación es, añadió, "altamente satisfactorio". Y es que "la posibilidad de crear un complejo judicial en la zona de Llamaquique nos permitiría, a corto plazo, concentrar sedes y acabar definitivamente con el infortunio de la dispersión, y a medio plazo, poder prestar de manera más holgada y eficaz servicios de calidad para los ciudadanos, además de tener margen para el necesario crecimiento de la estructura judicial".
El magistrado no podía dejar de referirse a la crisis del Consejo del Poder Judicial. "El incontestable incumplimiento de las normas constitucionales que regulan la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en absoluto puede suponer un descrédito para al actividad de los Juzgados y Tribunales. El CGPJ no es un órgano judicial. La función jurisdiccional de jueces y magistrados se sigue prestando sin menoscabo alguno". Y se sumó a las palabras del aún presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que en la apertura del año judicial, el 7 de septiembre, instó "a las Cortes Generales a que cumplan el mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y renueven un CGPJ empantanado desde hace cinco años, algo que también pidieron los presidentes de Tribunales Superiores en su reunión en Vigo la pasada primavera.
Chamorro dio cuenta de la actividad de los 158 jueces asturianos durante 2021. Los órganos judiciales recibieron 137.159 asuntos, un 11,3 por ciento más que en 2020, año con 121.598 asuntos. La jurisdicción civil registró 62.173 asuntos; la penal, 56.675; la contencioso-administrativa, 3.902; y la social, 14.409. "Todos los órdenes jurisdiccionales, excepto el contencioso-administrativo, han visto sensiblemente incrementados el número de asuntos ingresados", indicó Chamorro. Además, se dictaron 140.715 resoluciones, de ellas, 46.776 sentencias (un 22,1 por ciento más que en 2020), 57.328 autos finales (un 10,1 por ciento más) y 36.621 decretos, un 16 por ciento más.
Chamorro llamó la atención sobre la lacra de la violencia de género. Los Juzgados de Violencia atendieron 2.133 asuntos y resolvieron 2.275. Los juzgados exclusivos y no excluyentes que tramitan este tipo de asuntos, registraron 2.994 procedimientos, lo que supone un 32,7 por ciento menos que el año anterior. Pero hay carencias. "Los equipos psicosociales atendieron 310 solicitudes de informe, quedando pendientes de informar 207. es este un aspecto que es necesario impulsar y mejorar", indicó Chamorro.
Antes que el presidente del TSJA, le tocó el turno a la Fiscal Superior de Asturias, María Esther Fernández, hacer un repaso de las necesidades de la Fiscalía y de los asuntos tratados por ésta a lo largo de 2021. Fernández llamó la atención sobre el hecho de que, durante 2021, las diligencias de investigación pasaron a ser 477, un 23 por ciento más que el año anterior, "lo que supone una media de casi 40 al mes, aunque se remitió al Juzgado, con denuncia o querella, menos de un cuarto del total". La mayoría, añadió, "son archivadas, muchas de inicio, sin necesidad de practicar prueba alguna. Esther Fernández se refirió a las "denuncias genéricas, contra todo y contra todos, manifestando una disconformidad sobre la totalidad de la actuación de la Administración. También a los "profesionales de la denuncia" y a aquellas denuncias por "hechos aparentemente penales, pero que en realidad no lo son y que lo único que pretenden es que el fiscal recabe documentos para hacerlas valer ante otras administraciones".
Aumento de delitos sexuales
La Fiscal Superior propuso una modificación del sistema que permitiera que no toda denuncia generase automáticamente unas diligencias de investigación, de forma que se pudiese dictar un decreto de no admisión a trámite de una denuncia. Y es que "lo único que persigue la mayoría de estas denuncias es la noticia periodística de que la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación, consiguiendo con ello poner el foco sobre los denunciados, la mayoría de las veces sin fundamento". Según aseguró, de las 50 diligencias de investigación incoadas solo una finalizó con denuncia en el Juzgado, y las demás fueron archivadas". También se tramitaron 17 diligencias por delitos contra la Administración de Justicia, 13 de ellas por prevaricación judicial, y todas archivadas por carecer de apoyo fáctico o por ser casos ya resueltos judicialmente.
En 2021 se incoraron 37.641 procedimientos por delitos graves o menos graves, un 16 por ciento más que el año anterior. La Fiscalía celebró 7.794 juicios, un 25 por ciento más que en 2020. "Los delitos que han experimentado un mayor incremento durante 2021 han sido los de ìndole sexual. En los últimos años habíamos asistido a un descenso, pero el año pasado se produjo un preocupante aumento de más del 66 por ciento". Sin pretender ser alarmista, puesto que estos delitos suponen un 1,25 por ciento de total, la Fiscal Superior indicó que los delitos más numerosos fueron "las agresiones sexuales y los abusos, y ya en cifras que no llegan a una veintena de procedimientos, los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, el acoso y la distribución o tenencia de material pornográfico". Uno de cada diez denunciados son condenados, y se trata de personas conocidas por las víctimas.
También aumentaron, un 43 por ciento, los delitos contra la vida y la integridad. Los homicidios, un treinta por ciento, y los homicidios por imprudencia la friolera de un 83 por ciento, debido a "las múltiples denuncias presentadas, tanto en los Juzgados como en la Fiscalía, por muertos en centros de de mayores durante la pandemia". También subieron, un 29 por ciento, los delitos contra el patrimonio, y un 15,6 por ciento los delitos contra el orden socioeconómico. Destacan los robos en establecimientos abiertos al público y en casas habitadas. En el capítulo de estafas, la Fiscal Superior resaltó las cometidas por ciertos cuidadores de personas mayores. En cuanto a la violencia de género, en 2021 hubo que lamentar el asesinato de una mujer en Langreo.
