«Estamos ultimando el protocolo de gestión de la especie en la aplicación de los mecanismos de extracción». Así se refirió Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, a la situación de la negociación entre Principado y Gobierno central para adecuar un plan de gestión de la especie en la región al nuevo estatus del cánido tras haber elevado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que depende el asturiano Morán, quien, además, recordó que, al asumir la estrategia nacional para la especie, Asturias tiene acceso a las ayudas estatales para prevención de daños del lobo a la ganadería y las compensaciones por los mismos.
«Ya avanzamos cuando se estableció un espacio de acuerdo entre el Ministerio y el Principado. Y ya planteamos desde el inicio que, sin duda, uno de los planes de gestión que más se adaptaba a las directrices de gestión marcadas por la UE era el plan de Asturias, aunque era necesario acomodarlo a las exigencias de la Comisión Europea y al nuevo estatus de la especie (con su inclusión en toda España en el listado de especies protegidas, Lespre)», señaló Morán en Mieres. Este espacio común entre el Gobierno central y el Principado, «permitió dar un salto hacia delante para poder poner en marcha los protocolos que van a permitir el modelo de gestión de la especie cuando la situación en los territorios afectados aconseje recurrir a esa medida (batida controlada de ejemplares)». Y ahora, señaló el secretario de Estado, están «ultimando» cómo será el mecanismo que permita abatir un lobo cuando genere conflicto con los ganaderos.
«Las comunidades autónomas que integraron la estrategia estatal tienen acceso a los fondos del presupuesto estatal y las que aún no han asumido la estrategia tendrán acceso a la financiación cuando se vayan incorporando. Es un mecanismo de apoyo para los lugares donde la explotación ganadera convive con la conservación de la especie. Asturias tiene acceso a la financiación estatal y pondrá en marcha los mecanismos de apoyo al sector para la distribución de las ayudas que irán en dos líneas», afirmó Morán. Estas líneas son la prevención en las explotaciones (para la que el Estado tiene reservados 10,5 millones) y las indemnizaciones y pagos por daños causados por el lobo ( con 9,5 millones reservados).
Precisamente esta cuestión ha causado polémica en otras regiones como Galicia, que está trabajando en un censo propio del lobo que presentará públicamente. La comunidad gallega se ha quedado fuera del reparto de esos 20 millones estatales al no asumir la nueva estrategia nacional de protección del lobo. «Eso es un chantaje y Galicia no puede aceptarlo», afirmó Belén María do Campo Piñeiro, directora general de Patrimonio Natural de la Xunta. El Principado se situó en un principio junto a Galicia, Cantabria y Castilla y León en un frente común de rechazo frontal a la protección del cánido impulsada por el Gobierno central, pero finalmente ha suavizado su confrontación al iniciar la negociación con el Estado para articular un nuevo plan de gestión del lobo para la región.
