Las quejas ciudadanas por la exigencia, en algunos servicios, de la cita previa o por las ineficiencias en la atención al público, de las que ha dado cuenta LA NUEVA ESPAÑA esta semana, obligan a las administraciones a buscar soluciones. Es el caso de la administración regional, que este viernes puso en servicio un centro de llamadas para desatascar los centros de salud de Oviedo, una medida que no descarta aplicar a otras áreas sanitarias en las que existan ineficiencias.
El Gobierno reconoce que «es cierto que continúan existiendo algunos problemas que el Ejecutivo trata de atajar cuanto antes», pero también señala el camino realizado en lo que va de legislatura para tratar de mejorar y modernizar el funcionamiento de la administración. Y también recalca que puede haber situaciones que correspondan a entidades locales o estatales: «El Gobierno de Asturias solo puede responder por aquello que afecte a la administración autonómica».
Sanidad, territorio sensible.
El Gobierno asturiano destaca que fue «el primero de todos los ejecutivos autonómicos que permitió el acceso presencial a los centros de salud». Ahora bien, en ocasiones la citación telefónica se convierte en un suplicio para los usuarios. Durante la pandemia, el Servicio de Salud ya implantó medidas para «asegurar la atención sanitaria». Ahora, ante el atasco de algunos centros de salud, como los del área de Oviedo, el Principado se plantea establecer centralitas para mejorar el acceso. «El Servicio de Salud monitoriza cada semana la presión asistencial, la demora y la atención telefónica y según estos datos más del 80% de los centros de salud dan cita con un plazo inferior a dos días», sostiene el Ejecutivo.
Más digital.
Las nuevas tecnologías son ya la vía de comunicación con la administración para numerosos asturianos y ese hecho se multiplicó durante la pandemia. «No solo se trata de cobrar nuevo material informático, sino agilizar la relación con la ciudadanía para que muchos trámites puedan ya despacharse telemáticamente», afirman en e Gobierno. Así, se ha consolidado el uso del expediente electrónico, se han renovado equipos en las sedes judiciales o se ha realizado un importante esfuerzo para incorporar equipos a las aulas (recientemente se acordó destinar 24,8 millones para acelerar la digitalización de colegios, juzgados y espacios administrativos). Además, el Principado espera que con 43 millones de fondos europeos pueda establecer un factoría de programas informáticos propios. Proyectos basados en inteligencia artificial intentan automatizar procesos internos para hacerlos más eficaces.
Menos burocracia.
El Ejecutivo ha hecho bandera de su llamada «guerra a la burocracia, un reto que «exige cambios legales» y tropieza con «resistencias internas y políticas». «Los meses que restan serán claves», aseguran en el Gobierno. La aprobación el pasado diciembre de la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, permite aligerar procedimientos en materia medioambiental, de urbanismo y patrimonio cultural. Pero la Junta General tramita dos leyes: la Ley de Calidad Ambiental y la Ley de Empleo Público. La primera persigue la «simplificación administrativa» aligerando obstáculos para obtener licencias de apertura o de inicio de actividad, entre otras. La segunda facilitará la asignación de recursos públicos allí donde sea necesario prestar servicios «con más calidad y eficiencia». Asimismo, el Principado ha simplificado trámites en la rehabilitación de viviendas y trabaja en actualizar la normativa relativa al comercio.
Personal.
El Principado destaca medidas adoptadas como la resolución del concurso de méritos en la Administración, atascado once años; el inicio del proceso para que el porcentaje de interinos esté por debajo del 8% o la regulación del teletrabajo, pendiente de un informe del Consejo Consultivo.
«Gran esfuerzo».
El Gobierno no duda en asegurar que desde 2019, con una pandemia por medio, se ha desarrollado «el mayor esfuerzo de mejora desde la creación de la Administración autonómica».
Atención digital. S
El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) presta asistencia telefónica y en red, y para él la solicitud de cita previa es opcional. En 2021, el SAC atendió 276.524 llamadas, prestó servicio a 83.321 personas y creó 309.163 expedientes, con un aumento del 41,4% respecto a 2020. También los trámites por medio del registro de la sede electrónica aumentaron un 61% respecto a los de 2020.
