La negociación vía enmiendas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se convierte en un regateo entre partidos, pero cuando estos tienen intereses territoriales claros, terminan siendo una subasta entre territorios. En ese momento, las teorías sobre equidad, simetría o homogeneidad en los servicios, inversiones y recursos van temporalmente a la papelera, porque lo que importa es sacar adelante las cuentas. Se ha visto en la búsqueda de apoyos del Ejecutivo de coalición Sánchez, necesitado de socios que le otorguen la mayoría necesaria. Y los ha conseguido apoyándose (más allá de Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno) en partidos de corte independentista, como ERC y EH Bildu; nacionalistas (PNV y PDeCAT) o regionalistas (Coalición Canaria, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria). Teruel Existe, que inicialmente parecía dispuesto a respaldar las cuentas, se ha quedado fuera finalmente, en una decisión que se interpreta en términos electoralistas dada la competencia regional con el PSOE ante las próximas elecciones autonómicas. También las han rechazado el PP, Foro Asturias, los dos exdiputados de UPN, Ciudadanos, Vox, la Cup y Junts.
Pero conseguir ese respaldo no sale gratis. El Ejecutivo ha tenido que ajustar su proyecto presupuestario a la demanda de los partidos de perfil territorial, lo que permite que ciertas comunidades tengan un margen extra para arrancar inversiones del Gobierno central. Llamativo ha sido, por ejemplo, el respaldo de ERC, engrasado con el acuerdo por el cual el Ejecutivo cede a la Generalitat la gestión de inversiones estatales: es decir, el Estado traspasa a Cataluña los fondos para realizar obras en infraestructuras clave en el ámbito ferroviario y viario, por un valor de 900 millones, y es el gobierno autonómico el encargado de gestionarlos (básicamente adjudicarlos). Este acuerdo se produce después de que el gobierno catalán pusiese la voz en grito por la baja ejecución del Estado en su territorio; una situación que también se producía en Asturias y que motivó una ronda ministerial del presidente asturiano Adrián Barbón. Los catalanes, más allá de promesas y compromisos, han arrancado ser ellos mismos quienes gestionen el dinero para garantizarse las inversiones.
Sacan pecho
Otro caso de regate territorial es el de EH Bildu. El partido independentista vasco saca pecho de haber conseguido un alza del 15% en las pensiones no contributivas, pero la mayor parte del acuerdo tiene que ver con cuestiones inherentes al País Vasco y Navarra, como destinar 3 millones para inversiones de Memoria e Historia (remodelación del Fuerte de San Cristóbal en Navarra, excavaciones arqueológicas o la creación en Vitoria del memorial de las Víctimas del 3 de marzo de 1976. También arrancan inversiones en el País Vasco o inversiones para promocionar el euskera o investigación en universidades vascas. Además, el partido consigue el compromiso del Estado de completar la transferencia de las funciones de Tráfico a la Policía Foral de Navarra antes del 31 de marzo de 2023.
El PNV allanó su respaldo gracias a la renovación del cupo vasco en las condiciones que fueron pactadas en su día con el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro en 2017, además de la negociación de la transferencia de varias líneas ferroviarias. El PDeCat ha dado su sí a cambio de incorporar 86 enmiendas a los Presupuestos y que beneficiarán "prácticamente en exclusiva a Cataluña" y que suman 40 millones de euros. Incluyen dotaciones para centros de investigación catalanes, beneficios fiscales para ciertos eventos culturales o reclamación de dinero para la Copa América.
La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas recalca que su partido ha sido el que más apoyo recibió en sus enmiendas transaccionales. Estos presupuestos serán los últimos estatales que negocie, ya que en mayo se incorporará a la política autonómica, pero recalcó que las exigencias arrancadas por su partido "responden a un sentido de responsabilidad", pero "cumplen con Canarias".
