"Los lobos atacan a seis kilómetros de la calle Uría", denunció ayer la Unión Rural Asturiana. Según el nuevo sindicato ganadero, los ataques al ganado se están registrando desde hace meses en el concejo de Las Regueras, que limita con el de Oviedo, y son "recurrentes". "Algunos avistamientos hablan de un grupo de tres ejemplares, lo que demuestra la existencia de un asentamiento estable en el área, no un caso puntual de un lobo errante", señalan los denunciantes, que afirman que se han visto afectadas varias ganaderías este mes.
Hasta el momento las bajas han sido de reciella (cabras y ovejas), pero los ataques también afectaron a estabulaciones de vacas de leche. "De momento solo han sido reconocidos dos daños como causados por los lobos, pero son más", afirma Unión Rural Asturiana, que ha exigido a la Consejería de Medio Rural "pagos inmediatos de todos los daños causados, tanto directos como indirectos" y la "eliminación inmediata por los medios que considere oportunos de estos lobos que entran en los pueblos, causando verdadera alarma entre sus habitantes, y que se acercan peligrosamente a áreas tan densamente pobladas como la capital asturiana".
Precisamente, la Consejería valoraba ayer el acuerdo del Parlamento Europeo de instar a la Comisión a revisar el estatus de los grandes carnívoros allí donde su estado de conservación sea favorable y existan conflictos con las ganaderías sostenibles. "Valoramos los términos de la resolución del Parlamento Europeo de pedir a la Comisión que tome medidas para solicitar la modificación del estatus de protección del lobo para mitigar los daños que provoca en la ganadería extensiva, una iniciativa que supone un reconocimiento a las tesis defendidas por las comunidades autónomas que tenemos el 95% de la población de lobos (Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias)".
"Siempre hemos defendido que es necesario articular mecanismos que favorezcan la coexistencia de la ganadería extensiva con la protección de especies, como el lobo, y en este sentido, una vez más, volvemos a reivindicar nuestro programa de gestión del lobo y su aplicación en todos sus términos", indicaron fuentes del departamento que encabeza Alejandro Calvo, que considera, además, que la petición de la Eurocámara "avala nuestro recurso ante la Audiencia Nacional" contra la inclusión de todas las poblaciones españolas de lobos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Mientras tanto, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado la petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) para suspender cautelarmente el cupo máximo establecido por el Principado para eliminar lobos en la región, el 9 por ciento de la población total. El tribunal entiende que la legislación vigente permite la extracción de ejemplares en casos concretos, y que la Administración "vela por el interés público de todos, incluidos no solo aquellos sensibilizados con la naturaleza y el medio ambiente", sino también de "los ganaderos y demás agricultores y empresarios que viven y desarrollan su actividad económica y social en un entorno rural". El TSJA no entra en el fondo del asunto, por lo que el recurso contra la resolución del Gobierno asturiano sigue adelante.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha remitido a la de Cantabria la denuncia de Ascel por presunta prevaricación contra el consejero de Desarrollo Rural de esa comunidad, Guillermo Blanco, y el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, por firmar una resolución que autorizó varios controles de lobos. Una resolución que, según los informes del Seprona y la Unidad Adscrita de Agentes Forestales y Medioambientales, quebrantaría la legislación vigente.
