“El Estatuto de Autonomía no caduca, pero envejece”. Estas palabras de la presidenta del Consejo Consultivo de Asturias, Begoña Sesma, resumen el sentir de los constitucionalistas acerca de la necesidad de actualizar el articulado de la norma básica del Principado, 40 años después de su aprobación. Una revisión que queda aplazada sine die, como efecto colateral del desacuerdo por la cooficialidad entre el PSOE, Podemos, IU y Foro, pese a que la mayoría de los partidos estaban de acuerdo en la conveniencia de modernizar el resto del Estatuto.
La presencia de la oficialidad en el decálogo de objetivos de la reforma estatutaria propuesta por el Gobierno dejó en un segundo plano otros cambios como la revisión del más de medio centenar de artículos del Estatuto, la incorporación de un nuevo preámbulo y de una declaración de derechos y deberes de los ciudadanos, así como cuestiones de índole más política referentes a la disolución anticipada del parlamento regional, la capitalidad, las atribuciones del Gobierno en funciones o el desarrollo de nuevas competencias.
Uno de los “padres” del Estatuto de Autonomía asturiano, Francisco Bastida, señaló que “hace falta una reforma de la Constitución porque afecta muchísimo al encaje de las comunidades autónomas en el Estado, pero si no se hace, sería importante la reforma del Estatuto, tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática”. En concreto, Bastida entiende que en el plano orgánico sería conveniente modificar el alcance de “la disolución anticipada de la Junta General para que la duración de la legislatura, en ese caso, no tenga que coincidir, como ahora, con otras elecciones autonómicas y con las municipales, el cuarto domingo de mayo cada cuatro años”. Este cambio formaba parte de la propuesta que lanzó el presidente del Principado, Adrián Barbón, el pasado mes de septiembre. El catedrático emérito de Constitucional de la Universidad de Oviedo también ve razonable la inclusión en el Estatuto del decreto ley, “con los límites necesarios para que no haya abuso y se utilice en situaciones extraordinarias y urgentes”. Bastida indicó que la pandemia puso de manifiesto lo oportuno de ese instrumento.
La revisión que debe esperar
- Decretos leyes. El Gobierno incluía en su propuesta de reforma esta figura, que permite al Ejecutivo aprobar disposiciones con rango de ley. Algunos partidos pusieron reparos.
- Disolución anticipada de la Junta. Se introducía el cambio de que en caso de disolución anticipada, la nueva legislatura pudiera durar 4 años y no tener que coincidir elecciones autonómicas y locales.
- Gobierno en funciones. Concreción de la entrada del Gobierno en funciones al tiempo de celebración de elecciones y no de constitución de la Junta y alusión a las atribuciones.
- Mociones de confianza y censura. Inclusión de un capítulo independiente dedicado a las mociones de confianza, censura y, en general, a las relaciones entre el parlamento y el Gobierno.
- Nuevas competencias. Negociación con los grupos para la posible asunción de más competencias, tomando como referencia la nueva generación de Estatutos autonómicos.
- Un nuevo preámbulo. El actual Estatuto carece de Preámbulo. No se cambiaba la posición constitucional de la comunidad y se justificaban los cambios de la reforma estatutaria.
- Declaración de derechos. Este texto establecía los objetivos de las instituciones asturianas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y reforzaba el Estatuto como norma básica.
- Capitalidad de Oviedo. Reconocimiento expreso de Oviedo como capital de la comunidad autónoma y sede de la Junta General, la presidencia del Principado y del Consejo de Gobierno.
- Revisión completa. Reordenación del articulado para que el texto resultante sea más coherente y armónico. Se suprimen referencias carentes de sentido por el paso del tiempo.
- Administración local. El Ejecutivo planteaba hacer referencia expresa en el Estatuto a la administración municipal y a su posible reforma mediante una ley posterior
“La declaración de derechos específicos de los asturianos, no los fundamentales que ya están recogidos en la Constitución” y la recuperación, vía Estatuto, de la figura “de la Procuraduría, una institución suprimida tras la crisis de 2012 porque estaba regulada por ley” son otras lagunas que, a juicio de Bastida, podrían ser objeto de la reforma estatutaria del Principado, ya en el plano dogmático. También ve lógico que se añada el preámbulo, del que ahora carece el Estatuto asturiano. Bastida, además, es firme defensor de que todas las comunidades se pongan de acuerdo para regular una materia pendiente en España, “el reconocimiento de la ciudadanía autonómica” que exigiría “un cierto arraigo” para su concesión. El constitucionalista entiende que gran parte de esas mejoras podrían ser objeto de acuerdo entre los distintos partidos, aunque hace hincapié en las dificultades actuales para alcanzar “el consenso extraordinario logrado hace cuarenta años y que hoy se echa a faltar”. Unas discrepancias sobre las que este “padre” del Estatuto vigente da su consejo, tomando como referencia las cesiones de cuatro décadas atrás: “Hay que saber renunciar porque el programa es de un partido, pero el Estatuto es de todos”.
El catedrático de Constitucional, Ramón Punset, ha venido sosteniendo que la revisión del Estatuto de Autonomía debía haberse abordado “con una mayor frecuencia” porque las reformas son el momento oportuno para analizar “lo que sobra y lo que falta”. Punset echó en falta en el decálogo propuesto por el Gobierno de Barbón que no se aprovechara la reforma para cambiar el modelo de elección del Presidente. Asturias es con el País Vasco el único parlamento autonómico en el que no se puede votar en contra de un candidato, un sistema que facilita la investidura, ya que puede resultar elegido el candidato con más votos afirmativos, aunque la mayoría de la Cámara no lo apoyase. “Con la ley vigente en Asturias se facilita la elección de un candidato minoritario, lo cual puede acabar generando un problema muy importante”, apuntó Punset.
María Valvidares, profesora de Derecho Constitucional, señaló asimismo la importancia de “normalizar las reformas de las normas básicas, ya se trate de Estatutos de Autonomía o de la Constitución, en democracia”. Valvidares ya había abogado por aprovechar la reforma estatutaria “para incorporar el reconocimiento de una sociedad diversa y plural y el compromiso con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.
El catedrático de Derecho Constitucional, Benito Aláez, también ha justificado la necesidad de reformar el estatuto asturiano, tras precisar que en lo que va de siglo XXI ya hay un buen número de comunidades autónomas que han actualizado sus Estatutos. “Sin duda hace falta revisar el Estatuto de Asturias no solo para adaptarlo a la realidad social, sino a la evolución del estado de las autonomías”. Aláez matizó que “no es que el Estatuto haya quedado obsoleto en su conjunto, pero hay partes que necesitan ser actualizadas”.
Reacciones encontradas sobre la negativa a la cooficialidad
La cooficialidad del asturiano no era un punto más en la reforma del Estatuto de Autonomía, sino el debate crucial que lanzó el Gobierno autonómico con su propuesta del pasado septiembre. La negativa a la oficialidad, como consecuencia de la negociación fallida entre los tres partidos de la izquierda y Foro sigue generando reacciones encontradas. La Academia de la Llingua Asturiana hará público hoy su análisis sobre las consecuencias de una ruptura que diversos defensores de la oficialidad no han dudado en calificar de “decepcionante”. En el lado opuesto de la balanza, la Plataforma contra la cooficialidad divulgó ayer un comunicado en el que anunció que continuará su “campaña de concienciación social y recogida de firmas contra la imposición de la llingua pese al anuncio de la ruptura de la negociación” para la reforma estatutaria. La Plataforma dice que “no se fía en absoluto” de ese aparente desacuerdo y afirma que “no solo proseguiremos con nuestras movilizaciones colectivas, sino que aumentaremos su intensidad”. Este colectivo exige que la aprobación de la cooficialidad “requiera el mismo porcentaje de respaldo que tuvo el Estatuto de Autonomía: el 95% de los asturianos o 43 de los 45 diputados”.
