La vía fiscal asturiana se traducirá este año en un impacto de 52 millones de euros en deducciones “en las clases medias y trabajadoras” y “para fijar población en el medio rural”, según ha defendido el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en su comparecencia en la Junta General sobre la ley de reto demográfico. El portavoz del Ejecutivo y las consejeras de Sanidad, Educación y Transición Ecológica hicieron una llamada “al consenso” a la oposición, para que el resto de partidos apoyen la primera ley demográfica asturiana, cuestionada por PP y Vox por “la falta de medidas concretas”.
El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico aseguró que las deducciones y beneficios de la vía fiscal asturiana se tradujeron el año pasado en 32 millones de euros y elevó la previsión para este ejercicio en 52 millones. Peláez justificó que esas deducciones “se concentran en las clases medias y trabajadoras” y en fomentar la recuperación demográfica en los 55 municipios en riesgo de despoblación. Tanto Guillermo Peláez como las consejeras Concepción Saavedra (Sanidad); Lydia Espina (Educación) y Nieves Roqueñí (Transición Ecológica) defendieron la futura ley de impulso demográfico como una norma transversal que servirá de “marco”, “paraguas” o “inspiración” para “blindar derechos” que sirvan de freno al declive demográfico a medio y largo plazo. Los cuatro consejeros del Gobierno apelaron al consenso para que la oposición apoye la ley como mayoritariamente, salvo Vox, hicieron con el dictamen sobre el reto demográfico en la anterior legislatura.
El llamamiento no surtió demasiado efecto con el PP ni con Vox. “Ha sido una comparecencia desastrosa, esperaba otra cosa”, valoró la diputada popular Cristina Vega, que como otros compañeros de la bancada popular echó en falta medidas concretas en la que será la primera ley asturiana sobre demografía. “Hablan de ley paraguas o transversal, pero el que mucho abarca poco aprieta”, reprochó la parlamentaria del PP por el occidente que, no obstante, admitió su “alegría” por el compromiso de la consejera de Salud, Concepción Alegre, de que en este año se hará redacción del proyecto del centro salud de Cangas del Narcea, donde también irá la unidad destinada a la salud mental. “Por fin saldrá del Hospital de Cangas donde lleva, de forma provisional, desde 1986”, recordó la parlamentaria popular. El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, espetó al consejero de Hacienda, antiguo alumno suyo, que “vale usted para todo, le echan en Las Ventas y sale a torear; le hacen publicista y todo es maravilloso”, para distanciarse de un proyecto de ley “que no va más allá de una mera declaración de intenciones, no hay ni una medida concreta”. Su compañero de grupo, Javier Jové, fue aún más allá: “Es más bien una ley basura, no aporta nada, cuando entre en vigor nada habrá cambiado”.
La posición de los dos diputados del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro) y Covadonga Tomé (Podemos) se presumen decisivas para que esta ley salga adelante, con un escenario similar al ya vivido en el debate sobre el Presupuesto del Principado para este año.
