Las efemérides tienen, en ocasiones, un sentido profundo que van más allá de lo formal. Hoy es una de esas ocasiones. Hace doce años que Madrid se convirtió en la capital del dolor europeo. Es imposible olvidar las 192 personas asesinadas y las 1.893 heridas por el terrorismo yihadista.
Personas que sufrieron en sus propias carnes la agresión de los violentos. Hombres y mujeres que tienen todo el derecho a reclamar que no se olvide ni se acabe negando su sacrificio o su sufrimiento. Ni el de ellos ni el de ninguna víctima del terrorismo. De cualquier terrorismo.
La dignidad de una sociedad se mide por sus valores colectivos, pero también por cómo ampara y protege a quienes han sido víctimas de acciones terroristas. La protección de su intimidad, el rechazo y condena de conductas que pretendan darles un trato despectivo o vejatorio obliga a las administraciones públicas a desarrollar medidas, dirigidas al conjunto de la sociedad, para que se respete en todo momento su honorabilidad.
Los poderes públicos, igualmente, deben contribuir al conocimiento de la verdad y a que se construya un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el daño y quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas sin que quepa justificación alguna del terrorismo y sus acciones violentas.
Todos los ciudadanos tienen derecho a su seguridad y el Estado la responsabilidad de garantizársela. Y los socialistas sabemos que los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror son la eficacia de los servicios policiales, la actuación firme de fiscales, jueces y tribunales, la cooperación internacional y leyes que faciliten la persecución y condena de los terroristas. Para nosotros es una cuestión de Estado. Estando en el Gobierno o en la oposición. Lo demostramos con el Pacto de Madrid de 1987, el de Ajuria Enea de 1988, el Por las Libertades y contra el terrorismo de 2.000 y con el Acuerdo para afianzar la unidad de las Fuerzas Políticas españolas en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo yihadista de 2015.
Por ello quiero recordar hoy, muy especialmente, la encomienda hecha por el Congreso al Defensor del Pueblo para que elabore un estudio específico sobre la afectación de los derechos humanos de todas las víctimas de estos delitos y su situación actual, con recomendaciones dirigidas a todas las Instituciones del Estado. Porque para ellas, y también para nosotros, el olvido debe ser imposible.
