14 de abril de 2008
14.04.2008
 

Vecinos denuncian ilegalidades en la venta de unos pisos en San Juan de la Arena

Afectados dicen que la promotora vendió algunas casas de protección a personas de fuera de Asturias

14.04.2008 | 02:00

M. MANCISIDOR


«Cualquier persona que vea cualquier irregularidad debe denunciar». Así de contundentes se mostraron fuentes del Gobierno regional tras ser consultadas por presuntas irregularidades urbanísticas en la venta de 150 viviendas de promoción autonómica construidas en San Juan de la Arena (Soto), que hicieron públicas los vecinos agrupados en la Asociación «Río Nalón». Por el momento, sólo una persona ha presentado una denuncia formal a la Consejería de Vivienda, según las mismas fuentes.

Las supuestas irregularidades datan, según el colectivo vecinal, de 2003. Entonces, el Ayuntamiento que dirige el socialista Jaime Menéndez Corrales hizo público el pliego de condiciones para enajenar una finca municipal de 7.800 metros cuadrados con el propósito de construir viviendas de promoción autonómica que debían incluir piso, trastero y garaje. «Sólo hubo un postor, que empezó a construir, y cuando llegó la hora de vender los pisos que daban a la playa resulta que ya estaban todos vendidos a gente de León y Valladolid», denuncian los representantes de «Río Nalón».
Añaden, además: «El precio de los pisos incluía piso, trastero y garaje, como manda la ley, pero el vendedor obligaba a comprar una segunda plaza de garaje y un porcentaje de un bajo comercial. El precio del piso aumentaba unos tres millones y, así, mucha gente de La Arena no pudo acceder a las viviendas protegidas, mientras que compradores de otras comunidades ahorraron muchos millones respecto a la compra de un piso libre con vistas al mar».

Por este motivo, los representantes de la Asociación de Vecinos «Río Nalón» exigen que quien compró una vivienda de promoción autonómica «para especular o para destinarla a segunda residencia debe ser desposeído de ella».

«¿Qué población se va a fijar en La Arena si la mayoría de los compradores son y trabajan fuera de Asturias?», se preguntan los vecinos, que hacen alusión a que algunos de los compradores constituyeron incluso «sociedades de alquiler» para utilizar las casas de El Molinón para arrendarlas a terceros.

La construcción de las viviendas en El Molinón -inicio y fin de obras- dependió del Ayuntamiento de Soto del Barco, si bien quien tutela que cada vivienda se dé en tiempo y forma es la Dirección General de Vivienda del Gobierno regional. El alcalde sotobarquense, Jaime Menéndez Corrales, destacó que, por lo que a él le corresponde, el Ayuntamiento ha exigido a la empresa la presentación de documentación para darles la licencia de final de obras.

«Sólo sé que hasta que no esté todo el proceso terminado esas viviendas no se van a habitar», dijo Corrales, quien prefirió no opinar acerca de cómo se vendieron los 150 pisos de El Molinón. Más contundentes se mostraron representantes del Principado, que animaron a los afectados a presentar denuncias. «Vivienda garantiza que cualquier venta de viviendas de protección autonómica se hará con legalidad», concluyeron.

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