«La Seguridad Social es generosa con los que piden y mezquina con quienes lo necesitan»

Llega a la entrevista portando la tesis fin de carrera que escribió hace treinta años y cuyo título conserva intacta la misma actualidad que entonces: «Estructura y problemas de la financiación de la Seguridad Social en España». Es Juan Pedro González Lesmes, un avilesino asesor de empresas que viene siguiendo muy de cerca los acontecimientos que amenazan la estabilidad del Estado del bienestar español.

-Porque el Estado del bienestar está en crisis, ¿verdad?

-Yo no creo en el Estado del bienestar ni en «papá Estado», que en el fondo son figuras paralelas vinculadas al pensamiento de Bismarck: conseguir que los ciudadanos sean dependientes del Estado y procurar así su felicidad para que sean más fáciles de manejar. La traducción de esas políticas al mundo actual no tiene sentido, excepto en lo referido al clientelismo; eso sí que conserva toda su vigencia. Véase sino cómo los políticos de nuestros días son capaces de identificar a los que viven a costa de los demás y fomentan sin rubor la existencia de esas clases dependientes, lo cual atenta contra los principios de la eficiencia económica.

-Yo le preguntaba por el sistema de cobertura social...

-El principal fallo del sistema social español es que no es equitativo. Si me permite el símil, es como un tren de vapor con unos pocos vagones de primera en los que viajan grupos muy acomodados mientras el resto del pasaje va hacinado. Bajo mi punto de vista tenemos un sistema social obsoleto, caduco e ineficiente, que se ha desarrollado con estos defectos hasta extremos insostenibles; es generosísimo con los que piden y mezquino con quienes realmente lo necesitan.

-Como por ejemplo...

-Cuando se sentaron las bases de la Seguridad Social la idea era cotizar 35 años para capitalizar una pensión de jubilación que no iría más allá de cinco años. Esa es una fórmula renacentista que convendría actualizar porque ni es equitativa ni proporcional; no es de recibo que haya un colectivo que cobre los 2.466 euros de pensión máxima por cotizar siete años cuando para el resto de los mortales se exigen 35 años de cotización. El sistema es generoso por definición, pero con unos más que con otros. No lo es tanto, por ejemplo, con los trabajadores agrícolas o con los autónomos, por ejemplo.

-Ponga más ejemplos de ineficiencia.

-Un autónomo paga al mes 250 euros de cotización a la Seguridad Social y a alguien que cotice por la base máxima de 3.166 euros hay que ponerle encima de la mesa para jubilarlo por incapacidad absoluta por accidente 817.000 euros; o sea, lo mismo que pagan ese mes entre 3.268 autónomos. Otro: coja usted cualquier nómina y verá que el tipo de cotización para contingencias es fijo: el 4,7 por ciento. Pero es fijo para todos, da lo mismo que sea un peón que un director general. Y no es justo, al menos a mi no me lo parece, que el que más cobra -y que será el más beneficiado por el sistema- cotice en la misma proporción que el que cobra menos; y para más inri, los altos salarios de ejecutivos gozan de los denominados «techos» que evitan que una gran parte del salario cotice. El sistema social está basado en un falso discurso progresista.

-No obstante, no son los trabajadores sino las empresas las que soportan la mayor carga contributiva.

-Exacto, del orden del 80 por ciento, y eso lastra la creación de empleo. Este sería un buen punto para empezar a hablar de la reforma laboral.

-Pero, ¿peligran o no las pensiones?

-La caja de pensiones, que en teoría pertenece a los cotizantes, ha sido mangoneada. Desde esta caja se han transferido recursos ingentes a partidas presupuestarias que tenían como finalidad cubrir gastos del Estado que deberían haber sido pagados con cargo a los Presupuestos Generales y el resultado es que la reserva se ha debilitado de modo notable: los 300.000 millones que debería de tener hoy se han quedado rondando los 59.000. Los excedentes de las épocas de bonanza no se capitalizaron a su debido tiempo porque se gastaron en prestaciones clientelistas como los complementos a pensiones mínimas, la universalización de la prestación sanitaria o la convergencia con Europa, entre otras. Respondiendo a su pregunta: por supuesto que el sistema social está en riesgo; de hecho ya lo estaba en 1995, como entonces dijo el profesor Barea. Es la dura y cruda realidad.

-¿Es partidario de ampliar la edad de jubilación?

-Por supuesto, y de hecho por ahí van los tiros en Europa. La pena es que en España la propuesta se haya quedado en nada por culpa de la pataleta sindical. Y al igual que la edad de jubilación, habría que ampliar el periodo de años para el cálculo de las pensiones, además de otras reformas estructurales. Y esto porque España tiene una longevidad muy alta (81 años) y un peso privado en las prestaciones públicas de los más bajos del mundo (7 por ciento). Esto pasa factura. Debemos equilibrar el reparto del ahorro y llegar a ser como algunos países en los que el ahorro privado supone un peso del 50 por ciento en comparación con las prestaciones públicas (Canadá, Estados Unidos...). Cargar todo sobre las espaldas de «papá Estado» no es conveniente además de ser contraproducente, nos resta credibilidad y hace que el modelo social español cotice a la baja.

-¿Qué salida ve a este laberinto?

-Es urgente una reforma que siente las bases para el paso a un sistema mixto de capitalización donde el Estado cubra un mínimo y los cotizantes, en función de sus preferencias, adquieran compromisos individuales. Que el beneficiario del sistema lo sea en función del esfuerzo realizado.

-Póngase en la piel de un mileurista.

-El sistema futuro debe ser verdaderamente progresista, tiene que facilitar el acceso de todas las rentas a los complementos básicos, incluidos aquellos que como los mileuristas -once millones en España- no tienen capacidad de ahorro. Otra cosa es que quien más esfuerzo haga, como es lógico, más beneficio obtenga.

-¿Qué frena la reforma del sistema social?

-Sin duda es una intervención impopular, a los españoles nos dan miedo los cambios y además aún está latente en la sociedad el pensamiento paternalista de Bismarck.

-Otra posible forma de aligerar la carga social del Estado es el copago sanitario.

-Esa es una idea excelente, pero de difícil regulación. Sin llegar al copago, hay otras medidas que podrían ser benéficas como el incentivo sanitario (bonificar los buenos hábitos de salud y gravar los malos), el fomento de la medicina preventiva o la vinculación de las bajas laborales a las cotizaciones sociales con cargo a las empresas, de modo que aquellas que más velan por la salud de sus trabajadores y tienen bajos índices de absentismo sean bonificadas.

-¿Cree que es buen momento estando en plena crisis económica para afrontar reformas de tanto calado?

-La crisis es, precisamente, la oportunidad perfecta para hacerlo. ¿Cuándo si no?

-¿Qué nota le da a las políticas sociales de Zapatero?

-No se puede decir que sí a todo y Zapatero lo ha hecho, además de haber fomentado medidas ciertamente absurdas o caprichosas. Y como lo socialmente deseable tiene que ser económicamente posible, han llegado los problemas. La responsabilidad del gobernante es aceptar los errores, como lo fue el reparto de los 400 euros, cuya única eficacia constatada fue electoralista.

-Quizás por eso ha desplegado una nueva baterías de medidas anticrisis.

-Medidas que son insuficientes y muy dudosas en cuanto al origen de su fabricación, pues aparentemente han sido diseñadas para templar los mercados.

-Leído recientemente en el diario «Gara» como declaración de un político vasco: «El País Vasco debe aspirar a tener su propio sistema público de pensiones».

-Nunca me ha preocupado si mis cotizaciones van para pagar la pensión de un agricultor andaluz o de un obrero vasco. La idea es tan absurda que no merece comentario, salvo subrayar que el aislamiento social conduce a la pobreza.

-Sin embargo el sistema sanitario sí que se ha descentralizado.

-Si se hacen bien las cosas, eso tiene sus ventajas en forma de proximidad, competitividad y eficiencia.