E. CAMPO

E. C.

La Fundación San Martín debe asumir la gestión de las 136 viviendas que componen el patrimonio municipal de vivienda. Esta es la propuesta que el portavoz del PP, Constantino Álvarez, planteará esta mañana en el marco de la reunión del patronato de la entidad. «Con la modificación de estatutos propuesta, el artículo séptimo permite a la Fundación desarrollar programas por sí misma o en colaboración con otras entidades, lo que posibilita la firma de un convenio de colaboración entre Ruasa, actual propietaria de los inmuebles, y la Fundación San Martín para ponerlos en el mercado con fines sociales».

Álvarez concretó que, de este modo, la sociedad pública Ruasa continuaría siendo la titular de estas viviendas, mientras que de la Fundación dependería su uso. «Tenía que sonrojar al responsable de vivienda tenerlas vacías, cuando vemos cómo para el sorteo de 114 viviendas en La Magdalena hay más de 1.300 solicitudes», destacó el portavoz del PP». De las 136 viviendas de titularidad municipal, 30 están vacías y 13 ocupadas de manera irregular, según los datos que maneja el concejal. «En estos momentos en los que es especialmente difícil acceder a la vivienda, hay quien recurre a la fórmula del alquiler, pero quien tiene que liderar la iniciativa con fines sociales es el Ayuntamiento a través de sus instrumentos. Estos inmuebles no pueden seguir vacíos», insistió.

Que las viviendas estén en manos de Ruasa se debe a que así dispone de mayor capacidad de endeudamiento, como garantía para acometer nuevas construcciones, como las de Marcos del Torniello o Villalegre. «Pero nadie está poniendo estos inmuebles en el mercado, y quien está demostrando tener más capacidad para ello es la Fundación San Martín», justificó su propuesta Constantino Álvarez. Además consideró que, si esta entidad ya está colaborando con las inmobiliarias para poner los inmuebles en el mercado, «es de vergüenza» que no lo haga también con los pisos que son de propiedad municipal.

No es la primera vez que el portavoz del PP reclama la puesta en el mercado de estos pisos, cuya gestión ya fue una de las asignaturas pendientes del anterior mandato. «Tener esas viviendas vacías es un lujo que no nos podemos permitir», concluyó Álvarez.

La diputada nacional y concejala del PP Carmen Rodríguez Maniega instó ayer al gobierno municipal a modificar la ordenanza para adaptarla a la Ley de Apoyo al Comercio y agilizar así los trámites de apertura de negocio. «Se trata de un decreto ley que aprobó el Gobierno de Rajoy para eliminar la burocracia y dinamizar el comercio, con la intención de ayudar a Pymes y autónomos, que son los que crean empleo», destacó Maniega. Con la idea de que se trata de «una medida muy positiva», la diputada reclama al gobierno avilesino a que adapte la ordenanza local y que así, con la mayor celeridad posible, se incluya el decreto a la normativa municipal. «Si es necesario, se puede convocar incluso un Pleno extraordinario», aportó. Esto vendría a facilitar la apertura de negocios, según indicó: «En Avilés hay un montón de locales cerrados que sólo necesitan una mano de pintura para volver a abrir, y el real decreto les viene como anillo al dedo para que quien lo quiera poner en funcionamiento no tenga que esperar uno o dos años de licencia».

La diputada también considera que el Ayuntamiento debería de informar a todos lso que están esperando por una licencia para que desistan de la tramitación y se acojan al real decreto, con lo que los plazos de espera se verían reducidos.

Este fue uno de los puntos más destacados de la reunión que ayer celebraron miembros del PP avilesino con los representantes de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). Además, también expusieron la iniciativa del plan de pago para proveedores. «Ya que solemos ir en campaña a hacer las promesas, también es justo contar los resultados de la gestión», explicó Maniega. «Intentamos evitar que la administración sea un aparato pesado que disuade a cualquiera que quiere emprender un negocio», concluyó.