E. CAMPO
Los propietarios de las fincas de Gaxín tienen un mes de plazo para constituir la junta de compensación, una vez que el gobierno aprobó de forma definitiva el plan de actuación para la urbanización más ambiciosa de Avilés. El concejal de Urbanismo, Teófilo Rodríguez, explicó que los propietarios recibirán la comunicación pertinente, y de no incorporarse de forma voluntaria en la junta de compensación, sus fincas serán expropiadas para el desarrollo urbanístico de los suelos en torno al Hospital San Agustín y el Colegio San Fernando. En estos terrenos está prevista la construcción de 3.500 viviendas, en gran parte de protección oficial, y la operación está catalogada como «prioritaria» en el Plan General de Ordenación Urbana de Avilés.
Uno de los propietarios de terrenos había presentado una alegación al plan de actuación que no se resolvió hasta principios de este año, y que ralentizó la tramitación. Esta fue la explicación con la que Rodríguez justificó las demoras ante las críticas del portavoz del PP, Constantino Álvarez. Una vez solventados los recursos, el Ayuntamiento realizó el informe jurídico previo a la aprobación definitiva, y ahora se llega al llamamiento para constituir la junta de compensación.
El plan de Gaxín, que cuenta con una superficie de un millón de metros cuadrados, está teniendo un largo trámite desde que se aprobó con carácter prioritario en julio de 2006. En el caso de que todos los propietarios del suelo se incorporen a la junta de compensación, ésta tendrá un plazo de seis meses para presentar el proyecto de compensación, según consta en el proyecto aprobado en su momento por la Alcaldesa, Pilar Varela. Por contra, si fuera necesario expropiar a alguno de los dueños, por no estar interesado en el desarrollo del plan o por ser desconocido, el plazo se podría alargar durante más tiempo. La nueva junta tendrá entre sus cometidos la gestión, desarrollo urbanístico y ejecución de la urbanización. El coste de esta última se estima en casi 45 millones de euros. Los promotores tendrán, además, un plazo de seis meses desde la notificación de su inscripción en el registro de planeamiento del Principado para presentar un plan de urbanización.
