«El proceso de desecación de marismas en la ría de Avilés fue un proceso lleno de ilegalidades, especulaciones, favores y otras irregularidades. La zona conocida ahora como Maqua es uno de los casos más claros de esos movimientos que no llegaron a concluirse y que ahora algunos quieren que se den por buenos», manifestaron ayer responsables del grupo ornitológico Mavea, que desmintieron que el Ayuntamiento de Avilés sea propietario de una parcela de 77.000 metros cuadrados ubicados en el entorno de Maqua formaron parte, en su día, de las marismas del estuario.

«No es cierto que esa zona sea industrial porque ese uso está expresamente prohibido en la Ley de Costas y no es cierto que nadie tenga terrenos de su propiedad en la zona porque esta discusión ya la zanjó el Tribunal Supremo hace más de 8 años», agregó David Díaz, que recordó que la legislación bajo la cual se otorgaron las concesiones a perpetuidad para usos agrícolas «tenía un límite de 99 años, con lo cual ambas concesiones están en realidad prescritas». Dijo además: «La Ley de Costas prevé que las concesiones puedan tener una prórroga de 30 años desde su aprobación, pero sin superar el plazo por el cual se concedieron».

Ante esto, los integrantes de Mavea ya manifestaron en febrero de este año a través de la «Plataforma por la recuperación de las marismas de Maqua», que engloba a un total de 24 entidades de índole ecologista y cuenta con el apoyo de varios grupos políticos, que se incluya una parcela de Maqua en el ámbito de protección del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero. Se trata de la misma parcela que la Alcaldesa, Pilar Varela, considera que debería de asumir el Puerto para destinar a usos industriales, y que depende de la Dirección General de Costas. «La pretensión de dar uso industrial a un terreno desecado expresamente para usos agrícolas debe ser considerada como un movimiento especulativo», dijeron entonces los ecologistas.

«Entendemos que los supuestos propietarios de esa parcela a día de hoy ni siquiera pueden ser concesionarios. Las concesiones deberían ser retiradas en cualquier caso, ya que son motivos de prescripción tanto el cambio de uso respecto al autorizado en la concesión (usos agrícolas) como las transmisiones patrimoniales no autorizadas», explicaron, e insisten en que en la aprobación reciente del Plan General de Ordenación Urbana de Gozón, la Cuota «ya hace advertencia de que los terrenos que en estos momentos están baldíos entre la depurador ay el canal del Vioño son de dominio público marítimo-terrestre y por tanto no pueden ser catalogados como zona industrial». Los ecologistas hacen alusión en cualquier caso al libro «La desecación de marismas en la ría de Avilés en los siglos XIX y XX».