Recientemente se ha publicado la información de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que pone de manifiesto que Avilés es una de las dos áreas del país con peor calidad del aire, entre 155 áreas evaluadas. A raíz de esta información hemos sido testigos, una vez más, de la irresponsabilidad del Principado, que afirma que este alarmante dato se debe a que las mediciones se hacen en zona industrial y que no es representativo.
Lo cierto es:
1. Que Avilés fue declarado «Zona de Atmósfera Contaminada» hace muchos años y no se ha elaborado ningún plan ni se ha adoptado ninguna medida para poner remedio a esta situación.
2. Que las mediciones que se hacen regularmente en distintos puntos de la ciudad confirman la pésima situación del aire que respiramos.
3. Que los vecinos de Avilés y los trabajadores de muchas de las empresas de la comarca pueden constatar la situación a diario: malos olores, problemas respiratorios, irritación de mucosas, envenenamientos, etcétera.
4. Que muchos domingos el cielo de la comarca aparece decorado por las columnas de humo de diferentes colores que surgen de algunas de las industrias que nos rodean.
A lo anterior hay que sumar la contaminación procedente de las calefacciones que siguen funcionando con carbón (a pesar de estar prohibido) y la de los vehículos de más antigüedad, incluidos algunos del transporte público. Todo esto conduce a que Avilés encabece las estadísticas españolas en casos de varios tipos de cáncer ligados a la contaminación ambiental y en enfermedades respiratorias. La situación está bien clara para todo el mundo (pero parece que no para el Principado de Asturias), con datos de expertos que corroboran que la situación medioambiental de la comarca es preocupante.
En muchos otros lugares de España o de Europa hay polos industriales muy importantes, pero los problemas de contaminación no son tan elevados, ¿por qué? Precisamente para evitar estas situaciones tan problemáticas para la salud de las personas hay una completa y exigente legislación en materia de prevención y seguimiento: la Ley de Responsabilidad Medioambiental, el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, la Ley de evaluación de los efectos de determinados planes y los programas en el medio ambiente, aparte de otras leyes sobre autorización ambiental integrada de las empresas potencialmente contaminantes, seguridad y salud en el trabajo, protección de hábitats y especies, etcétera.
En EQUO consideramos que el estricto cumplimiento de estas leyes es una de las herramientas más importantes para asegurarnos que las actividades, especialmente las industriales, se llevan a cabo de forma segura para las personas y para el medio ambiente. Dicho de otra manera, para que las actividades humanas no se vuelvan contra nosotros mismos.
No es aceptable que responsables políticos, sindicales y empresariales sigan defendiendo que todas estas normas no son más que una traba para el desarrollo y la creación de empleo. De hecho, muchas sentencias han puesto de manifiesto que la preservación de la salud y el respeto al medio ambiente (el entorno en el que vivimos) debe guiar las políticas económicas, como base para el denominado «desarrollo sostenible».
Las empresas más contaminantes son grandes multinacionales, que se aprovechan de la benevolencia de las autoridades para funcionar en precario y obtener importantes beneficios. A cambio se ofrecen puestos de trabajo cada vez peor pagados. Puestos de trabajo y sueldos que son una contraprestación con trampa, porque los efectos en la salud de los ciudadanos y los costes que debe asumir nuestro sistema de salud son enormes.
EQUO propone alternativas viables para el desarrollo de la sociedad y la economía, basadas en la economía y los empleos verdes, en el llamado «new deal» verde (la tercera revolución industrial), que permite la creación de empleo al tiempo que se mejoran las condiciones ambientales, se reduce la dependencia energética del exterior, mejora la calidad de vida y se democratiza la actividad económica.
