Los profesionales asturianos que trabajan en el ámbito de la trata con fines de explotación sexual reflexionaron ayer en Avilés, día internacional contra esa lacra social, sobre un fenómeno que constituye, según una acepción muy extendida, una forma de esclavitud en pleno siglo XXI. La reunión estuvo auspiciada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y contó con la presencia del consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, que abrió la jornada divulgando unas cifras que dan idea de la trascendencia del problema: el Principado de Asturias, en colaboración con diversas organizaciones públicas y privadas, lleva dedicados 250.00 euros desde 2007 a ayudar a las personas víctimas de trata, en su inmensa mayoría mujeres prostituidas a la fuerza; sólo de éstas, en los últimos seis años han pasado más de 5.200 -a una media de casi 900 por año- por alguno de los servicios que tienen a su disposición para obtener información y asesoramiento de diversa índole, así como ayuda dirigida a hacer valer sus derechos, obtener refugio en un piso tutelado o dar los primeros pasos de cara a su reinserción social.
Martínez, al que acompañó en Avilés la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, avanzó que el plan integral de Igualdad que elabora el Gobierno regional y pronto pasará el trámite parlamentario previo a su puesta en funcionamiento contiene un capítulo dedicado expresamente a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y que consta de diez medidas concretas repartida en dos ejes de actuación: la violencia de género y la trata propiamente dicha. Algunas de esas acciones pasan por la formación de los profesionales de la Justicia para atender debidamente a la víctimas de trata, por la realización de campañas divulgativas en el ámbito educativo y por una apelación a reforzar los códigos de autocontrol de los medios informativos, de los que se esperan una mayor sensibilidad en la materia. Las responsables asturianas de APRAMP abogaron por una ley integral reguladora del delito de trata, una figura similar a la que en su día se aprobó para las mujeres víctimas de violencia.
