Varios testigos vincularon a dos de los tres empresarios imputados por varios delitos contra la Hacienda Pública con el fraude de impuestos en la segunda sesión del juicio que se celebra estos días en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés. Ex trabajadores de las firmas investigadas y una inspectora de Hacienda ofrecieron versiones que coinciden con las sospechas de la Abogacía del Estado, que apunta a que varias subcontratas encargadas del mantenimiento de una multinacional asentada en Avilés defraudaron impuestos por valor de más de 900.000 euros durante los ejercicios 2006 y 2007. Para ello, sostiene, se tejió un entramado de sociedades (muchas de las cuales nunca tuvieron actividad) en las que implica a los imputados J. I. G. S., C. J. P. S. y J. R. A. R.

La Fiscalía solicita para los tres imputados penas que suman 17 años de prisión y el pago de multas e indemnizaciones que superan los tres millones de euros por irregularidades relacionadas con el impuesto de Sociedades y el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2006 y 2007. El abogado del Estado eleva la petición de cárcel a 21 años. Los letrados de la defensa solicitan la libre absolución de sus clientes e insisten en irregularidades de la investigación.

En la sesión de ayer testificaron tres testigos y otros tantos peritos. En cuanto a los primeros, dos de ellos trabajaron para dos de los imputados (C. J. P. S. y J. R. A. R.). Una ex empleada, que había sido contratada para desempeñar labores de asesoría fiscal y económica en varias de las sociedades investigadas, reconoció que "no había registro contable alguno", habló de "facturas falsas" en las sociedades ligadas a J. R. A. R. y aseveró que la elaboración de las cuentas de pérdidas y ganancias se realizaban "por encargo de C. J. P. S.". Y añadió: "La elaboración de impuestos se realizaba siguiendo las órdenes de J. R. A. R. de tal modo que saliera siempre algo a pagar, porque decía que así Hacienda no miraba nada".

Otro ex trabajador, al que encargaron la administración de varias sociedades, aseveró ante la juez que "C. J. P. S. había creado un conjunto de empresas administradas por hombres de paja para defraudar a la Hacienda Pública". "Presenté la dimisión cuando vi todo lo que había", aseveró el testigo, que dijo haber sido objeto de amenazas en relación a los hechos investigados y que ahora se juzgan.

Las acusaciones sostienen que la entidad C se constituyó el 16 de octubre de 2002 con domicilio fiscal en Madrid, si bien su centro de negocios radicó en Avilés. Siempre según el mismo relato, el 31 de enero de 2006 se nombró como administrador único de la entidad al acusado J. I. G. S., aunque el auténtico administrador de la sociedad era C. J. P. S. La Abogacía del Estado y la Fiscalía defienden que llegaron a defraudar en dos años cerca de un millón de euros y que para justificar los datos que aparecían en las declaraciones, ambos se valieron de J. R. A. R. Éste, añaden, incluyó una serie de operaciones ficticias en unas declaraciones de las compañías que él administraba. Así, emitió facturas que permitieron que C, que prestaba servicios a una multinacional, pudiera deducirlas como gasto en el impuesto de Sociedades y en el IVA, concluyen.

Una inspectora de Hacienda detalló cómo comenzó y se desarrolló la investigación de los ahora imputados, declaraciones que se correspondieron con la versión de las acusaciones. Habló de "una forma palmaria de entramado de sociedades vinculadas a C. J. P. S.". Uno de los peritos llamados por la defensa dijo que Hacienda utilizó "información incompleta" para realizar su informe y el segundo desvinculó a C. J. P. S. de cualquier tipo de operación relacionada con la sociedad C. La vista concluye hoy con la exposición de las conclusiones de las partes.