La reciente sentencia del Tribunal Constitucional taxativamente afirma: "En el marco de la Constitución, una comunidad autónoma no puede convocar unilateralmente un referendum sobre la autodeterminación". Rechazando así, por unanimidad de todos los magistrados, que la Generalitat sea sujeto político y jurídico soberano, algo exclusivo de la nación española constituida en Estado.
Este esperado pronunciamiento es, sin duda, un fuerte respaldo para las posibles acciones del Gobierno, con el objetivo de contener y deshacer el proceso secesionista de Artur Más y naturalmente para impedir que el 9 de noviembre tenga lugar el referendum con el que se pretende la escisión de España y la independencia de Cataluña.
Dentro de unos días, el 9 de abril, el Congreso de los Diputados tendrá la oportunidad de rechazar la consulta y lo hará por amplia mayoría, por lo cual el Gobierno de la Generalitat y su Parlamento quedaran muy desautorizados constitucionalmente, a efectos de la validez de los argumentos que con tanto empeño han expuesto ante la opinión pública, incluso en ámbitos internacionales.
Contra lo que pudiera pensarse, estas descalificaciones y en cierto modo cortafuegos legales para las estrategias del nacionalismo radical no parece que surtan efectos correctivos, más bien todo lo contrario, ya que el propio Presidente catalán ha declarado que no modificará su particular hoja de ruta y que en la fecha anunciada sacará las urnas, "sí o sí". El desafío se ha elevado de tono con la complicidad de su socio ER y muy especialmente de ANC, la organizadora de las algadaras y cadenas humanas que reunieron a cientos de miles de catalanes y que ya ha fijado el día de Sant Jordi de 2015 como fecha para la declaración unilateral de independencia y la formación de un gobierno provisional que controlará las infraestructuras, fronteras, aeropuertos, puertos, sistemas de comunicaciones, seguridad, etcétera.
Es evidente que estamos muy próximos al punto crítico de máxima radicalización, de enfrentamiento más que dialéctico, entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat y no por una cuestión administrativa o económica, sino por la propia permanencia y configuración de los entes que representan: España y una parte de la misma que se llama Cataluña. Un tema que afecta a 47 millones de ciudadanos, en su estatus económico y social e incluso puede llegar al familiar.
Las medidas que hasta ahora ha venido aplicando el Gobierno, tales como mayores partidas presupuestarias o avisos sobre los aislamientos que se producirían -salida de la Unión Europea, de la OTAN, de la ONU, etcétera- han sido ignoradas, por lo cual ha llegado el momento, a menos que se produzca un golpe de timón significativo, de aplicar otras alternativas.
La primera sería utilizar las previsiones del artículo 155 de la Constitución, y hacerlo con todos los medios que autoriza la legalidad. La II República no tuvo ningún empacho en restablecer el orden constitucional vulnerado por la Generalitat y en Gran Bretaña no les tembló el pulso a la hora de quitar competencias al Gobierno del Ulster.
Si para ponerlas en práctica, Rajoy, que no quiere pasar a la historia como el presidente que consintió un referendum ilegal, tiene que reforzar los efectivos en Cataluña de la Guardia Civil y la Policía Nacional y ordenar que los Mossos cumplan las ordenes del delegado del Gobierno, aparte de las actuaciones que correspondan a la fiscalía, deberá actuar, con la mesura y prudencia que sea conveniente, pero con la firmeza que da el amparo de la ley y el alto fin de impedir la secesión de España, que, por encima de la política, no se va a dejar disolver.
La otra opción, la de replegarse ante el nacionalismo catalán u otros, no es admisible y en cualquier caso habría que someterla al referendum de todos los españoles, nacionalistas incluidos. Se acabó el tiempo de concesiones, milongas y mirar al tendido. No vaya a ocurrir que por no aplicar la Constitución, refugiándose en la retórica, surjan salvadores que la arruinen.