El expresidente del Principado y actual senador socialista, Vicente Álvarez Areces, es el principal responsable del descontrol en el seno de la Fundación del Niemeyer bajo la presidencia de Natalio Grueso. Esta es una de las conclusiones que recoge el borrador del dictamen de la comisión del Niemeyer que el presidente de la investigación parlamentaria, el popular Alfonso Román López, remitió ayer a los grupos parlamentarios. En ese informe inicial también aparecen señalados los cargos públicos que ocuparon alguna silla en el patronato del Niemeyer, en general, y las exconsejeras de Cultura (presidentas de la entidad) y la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, en particular. Entre los cuestionados se encuentran también una serie de técnicos de los anteriores gobiernos socialistas así como el propio Grueso y el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo. En total, el presidente de la comisión señala a 18 personas.

Álvarez Areces tiene "la responsabilidad como auténtico factótum de todo lo sucedido", recoge de forma literal en informe: participó en las primeras gestiones con el arquitecto Oscar Niemeyer, en la elaboración y aprobación de los Estatutos de la Fundación y en la constitución de la misma, comprometió financiación, participó en los actos inaugurales y también en los cambios estatutarios impulsados cuando su Gobierno estaba ya en funciones. "En suma, una completa participación en lo importante y aún en las cuestiones diarias de la Fundación, como se encargaron diversos comparecientes, muy relevantes, en reconocer", recoge el documento.

El presidente de la comisión ve responsabilidad en las exconsejeras de Cultura Ana Rosa Migoya, Encarnación Rodríguez Cañas, Mercedes Álvarez "por su manifiesta negligencia y dejación de funciones en los cargos que desempeñaban" (presidentas del patronato de la Fundación del Niemeyer). En cuanto a Varela, le achaca "su manifiesta negligencia y dejación de funciones en los cargos que desempeñaba, por el perjuicio causado además de a la Fundación al Ayuntamiento de Avilés, que se hijo cargo del pago de facturas (falseadas), circunstancia que habla a las claras del abuso de su doble función como Alcaldesa y vicepresidenta en beneficio de sus intereses políticos y en perjuicio del patrimonio público".

Sobre los exgestores y empleados de la Fundación, Román López concluye que la gestión de Rebollo "está plagada de irregularidades, circunstancias que determinaron su salida del patronato ante el claro abuso que se produjo en el ejercicio de sus responsabilidades y de acciones por parte del patronato en defensa de los intereses públicos que le fueron encomendados y que de forma tan clara defraudó". Y dice exactamente lo mismo sobre la gestión de Grueso. El dictamen remitido ayer a los grupos parlamentarios incide en que la comisión centra su atención en las responsabilidades políticas, su trabajo se limita al juicio político, puesto que "en sede judicial se están investigando las responsabilidades penales derivadas de gran parte de los hechos objeto de estudio por la comisión.

Una vez con el informe en su poder, los diputados que integran la comisión tienen un plazo de unos diez días para analizar el borrador y proponer cuanto consideren oportuno para su debate en el Pleno.