La juez Pilar de Lara, la titular del Juzgado número 1 de Lugo, el encargado de desentrañar la madeja del "caso Pokémon", ordenó ayer por la mañana a varios miembros de la Agencia Tributaria que registrase el domicilio del presidente del Partido Popular (PP) en Avilés, Joaquín Aréstegui, y de su esposa, la exconcejala avilesina Carmen Vega. De Lara ha reactivado estos días pasados la instrucción de un caso en el que están relacionados políticos de todo rango y condición, tanto de la provincia de Lugo como de la de Asturias. El registro de Avilés se suma al ordenado por De Lara -también ayer- en la sede central de la compañía Aguas de Barcelona, matriz de Aquagest. Asimismo, se han desarrollado registros en Mallorca y en Madrid. Este periódico trató de hablar ayer tanto con Aréstegui como con Vega en incontables ocasiones para recabar su versión de los hechos, pero sin ningún resultado.

Al menos cuatro vehículos de la Agencia Tributaria se detuvieron ayer a primera hora de la mañana en el último tramo de la calle de Rivero, precisamente, donde los dos políticos avilesinos tienen su domicilio. Durante varias horas los agentes buscaron documentación relacionada con la contratación por el Ayuntamiento de Avilés de la empresa Aquagest, según la edición digital del diario "El País". El registro se celebró con el apoyo del Juzgado de guardia de Avilés. Pese a la opacidad que pesa sobre la investigación del "caso Pokémon". Fuentes de la compañía de aguas aseguraron que habían prestado su colaboración con la instrucción hasta el punto de que habían puesto a disposición de los agentes enviados por la juez De Lara un equipo y una sala para que pudieran desarrollar su labor.

Tanto Joaquín Aréstegui como Carmen Vega estuvieron imputados por la magistrada Elena González -la anterior titular del juzgado Número 3 de Avilés- en la conocida trama del agua, la que investigó las relaciones comerciales de la empresa Aquagest con una veintena de municipios aunque, en la actualidad, haya vuelto a ceñirse al de Corvera, precisamente, donde estalló un escándalo que tuvo reflejos en la instrucción de la magistrada Pilar de Lara. Los dos políticos -junto a una veintena más- fueron sacados de la lista de investigados unas semanas después al considerar que la comisión del delito que les imputaba había prescrito. La juez de Avilés investigaba la comisión del delito de cohecho por varios políticos -incluidos Aréstegui y Vega- por haberse beneficiado presuntamente de dádivas y viajes concedidos por la compañía Aquagest. En el auto de archivo la juez avilesina aseguró que, pese a la prescripción, había "indicios razonables" de que los delitos se hubieran cometido.

Actualmente, en la trama del agua están señalados varios políticos municipales -de la Unión Social y Progresista de Corvera (USPC) y del PP-, también directivos de Aquagest y, asimismo, la propia compañía de aguas, que también está en el punto de mira de la magistrada lucense.

La juez De Lara, según publica el diario "El País", también sigue el rastro de algún exconcejal de Gijón y de un exalcalde de Oviedo que supuestamernte recibió regalos muy costosos. La "operación Pokémon" estalló en 2012, tras dos años de investigaciones y pinchazos telefónicos a varios cargos políticos y empresariales.