"España no está en la autopista, sino en una caleya, en la defensa de los derechos humanos"

-Empecemos por temas de actualidad. Como jurista ¿qué le parece la posible petición de cadena perpetua para el parricida de Moraña que asesinó a sus hijas con una radial?

-Primero habría que estar seguros de que la Fiscalía o la acusación piden dicha condena. Es muy probable, pero no es seguro. Suponiendo que la pidan, el caso de la cadena perpetua se trata de una de las modificaciones del Código Penal respecto al cual surgen enormes dudas de su constitucionalidad. Ha sido cambiado de una tacada y sin un apoyo parlamentario nítido. El eufemismo de "prisión perpetua renovable" no puede esconder el hecho de que es una cadena perpetua y que es contrario a los principios de reinserción.

-Entonces, ¿está en contra de la cadena perpetua?

-Absolutamente. El Comité de Derechos Humanos es muy crítico sobre las medidas que se han tomado en España en materia de política criminal.

-¿Cree en la reinserción sea cual sea el delito?

-Es un pilar básico del derecho penal y de la política criminal. Estamos obligados a reinsertar sea cual sea la naturaleza del crimen, es un mandato constitucional. La política penitenciaria tiene que estar encaminada hacia la reinserción, no es una cuestión de alternativas.

-En el mundo de la abogacía, ¿hay un consenso o postura común sobre la cadena perpetua?

-Hay muchísimas opiniones al respecto. La mía y la del grupo de juristas con el que trabajo es manifiestamente contraria a este cambio legal de prisión perpetua renovable, que es un retroceso sin precedentes. Es un paso atrás espectacular desde la transición. Dinamita el sistema penal.

-Cambiando de tema, usted colabora con un gran número de Asociaciones de Memoria Histórica. ¿Para que sirven estas entidades?

-Empezaron a surgir a finales de la década de los años 80 y cobraron mucha relevancia en la década de los 90. Son conjuntos de familiares de víctimas que buscan a sus allegados desaparecidos. No olvidemos que en España hay al menos 110.000 desaparecidos que no fueron combatientes.

-¿Qué papel juegan actualmente las asociaciones?

-Aglutinan los intereses de personas anónimas que no saben que hacer y buscan información de sus familiares desaparecidos. Lo que pasa es que no existe una plataforma común en defensa de la Memoria Histórica y puede haber diferencias entre las asociaciones, pero ninguna duda de que los principios de verdad, justicia y reparación son claves para intentar colocar a España en la senda de los derechos humanos.

-¿Cuál es el mayor logro de una Asociación de Memoria Histórica?

-El de la sensibilización de la gente con los desaparecidos. Pero es importante decir que la situación de la Memoria Histórica es absolutamente aberrante. El comité de Derechos Humanos, en su ultimo informe del 10 de julio, insiste por enésima vez en que España debe derogar la ley de amnistía del 77 ( la que incluye la denegación de auxilio por delitos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976).

-¿Qué pasa con esa ley?

- Es el punto clave. Casi todo depende de que esa ley se derogue o sea inaplicada por los jueces. Pese a intentos heroicos de asociaciones y pocos abogados, los juzgados no están investigando esos crímenes y pasan años y no quedan testigos vivos. La ley de amnistía del 77 es un auténtico obstáculo.

-¿ En que lugar esta España respecto a la defensa y respeto a los derechos humanos?

-Estamos fuera de la autopista, en una caleya.

-Pero para eso está el derecho, ¿no? ¿El derecho te protege del Estado?

-El derecho existe para protegerte del Estado. Es una cosa básica decir que el derecho y los derechos humanos lo son frente al Estado, que es el único que puede violarlos. Las personas no violan los derechos humanos, los violan los Estados.

-¿Y España no respeta los derechos humanos?

-Para nada. España viola los derechos humanos. Lo que pasa es que se da por descontado que eso no ocurre y no es cierto. Últimamente se pone el énfasis en cosas que el Estado consigue y no se puede vivir en un país que crece al cinco por ciento torturando. Un país primero debería sacar pecho de respetar esos derechos y luego otra cosa. En este país se tortura; muy poco, pero un caso ya vale para decir que se tortura. Ese es mi punto de vista que puede ser muy radical, pero yo abogo por un enfoque radical de los Derechos Humanos.

-¿En que situación deja a España el último informe que acaba de aprobar el Comité de Derechos Humanos?

-Cualquiera que haya estudiado Derecho debería sentirse avergonzado por ese informe. Además no es una novedad, es el mismo que aprobó hace cinco años. No hay progreso.

-¿Y hay retroceso?

-No. Digamos que es una situación endémica en factores como violencia contra la mujer, discriminación por razón de origen étnico, tratamiento penitenciario, derechos económicos y sociales... Donde sí ha habido un retroceso, y esto lo han señalado dos organismos diferentes como son el Comité de Derechos Humanos y el Consejo, es en la "ley mordaza".

-¿Qué pasa con ella?

-En la comunidad internacional han saltado las alarmas. Hay un grave deterioro de los derechos civiles y básicos: reunión, asociación y libertad de expresión. ¿Qué es eso de que no puedo hacerle una foto a un policía? Claro que puedo fotografiar a un agente porque no estoy poniendo en riesgo su vida.

-¿Está en contra de esa ley?

-Es una ley aprobada democráticamente que yo respeto y asumo. Lo que pasa es que hay ciertos aspectos que comprometen su constitucionalidad. No creo que esta ley salga viva del Tribunal Constitucional. La "ley mordaza" tiene aspectos positivos, pero los negativos, que son aquellos en los que se cruza la linea entre el dilema libertad-seguridad, ganan por goleada.

-¿Para concluir, qué posición tiene respecto a una posible reforma de la Constitución?

-La Constitución actual está agotada. Formo parte de una asociación de juristas (constituyentes.org) que pide una nueva Constitución. La actual fue útil en su momento pero es una cuestión de democracia: más del 70 por ciento de la gente no la votó. Mi eslogan es que ya no vale.