El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar la razón al Principado de Asturias y ha anulado la resolución del Ministerio de Agricultura que establecía la apertura de la pesquería de caballa de 2015 y fijaba las cuotas provinciales para ese año y que, en el caso de Asturias, suponía una penalización de casi medio millón de kilos por la "supuesta sobrepesca de 2014". "Esta medida se sumaba a la exigua cuota que le correspondía a la flota asturiana como consecuencia de un reparto asimétrico basado en una mala interpretación de los pretendidos derechos históricos de esta pesquería", afirma el Gobierno regional en un comunicado. Es la tercera vez que un juzgado avala las tesis asturianas. Contra la sentencia, emitida el pasado 20 de abril, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si esa sentencia se convierte en firme, se abriría la puerta a la posible reclamación económica ante el Gobierno central de la flota de otros artes distintos al arrastre y cerco por responsabilidad patrimonial.
