El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar la razón al Principado de Asturias y ha anulado la resolución del Ministerio de Agricultura que establecía la apertura de la pesquería de caballa de 2015 y fijaba las cuotas provinciales para ese año y que, en el caso de Asturias, suponía una penalización de casi medio millón de kilos por la supuesta sobrepesca de 2014. "Esta medida se sumaba a la exigua cuota que le correspondía a la flota asturiana como consecuencia de un reparto asimétrico basado en una mala interpretación de los pretendidos derechos históricos de esta pesquería", afirmó ayer el Gobierno regional en un comunicado.
Es la tercera vez que un juzgado avala las tesis asturianas. Contra la sentencia, firmada el pasado 20 de abril, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si esa sentencia se convierte en firme se abriría la puerta a la posible reclamación económica ante el Gobierno central de la flota de otros artes distintos al arrastre y cerco por responsabilidad patrimonial. El Principado también ha recurrido la orden de noviembre de 2015 por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.
"La reiteración en los motivos que han dado lugar a estas tres sentencias empieza a evidenciar una grave torpeza y falta de rigor administrativos, achacable directamente al secretario general del Pesca, o una persecución contra el Ejecutivo del Principado y la flota asturiana, sospechas que no son excluyentes", denuncia el Gobierno regional en el comunicado. Desarrollo Rural insta al Estado a "solucionar" el sistema de reparto.
