El Ayuntamiento de Avilés ha dejado a 59 personas sin actividad porque, adujo ayer el concejal Manuel Campa, el gobierno local no puede "asumir la inseguridad jurídica que genera no tener la cobertura de un contrato laboral específico para las políticas activas de empleo". Esto es, de seguir adelante con la escuela taller y con el taller de empleo que el Ayuntamiento había solicitado al Principado, la administración local se arriesgaba a nuevos pleitos sociales como los que se vienen sucediendo con constancia desde hace años al hilo de los programas de empleo generadas a través de subvenciones públicas. "No fue posible sacar adelante estos instrumentos formativos y de empleo y pedimos disculpas a las personas participantes. Nos comprometemos a seguir trabajando para que la legislación cambie y podamos atender las necesidades de las personas en situación de desempleo de Avilés", recalcó el mismo Campa.

Para Ángel Luis Fernández, el secretario general del sindicato AVANZA -el mayoritario en el comité de empresa del Ayuntamiento- "la situación de la política de personal es, por desgracia, conocida por sus desatinos". "El reciente informe emitido por el director de personal es una vuelta de tuerca más, pero debiera ser la última en este Ayuntamiento. Más allá de su contenido y la posible discusión jurídica, lo que sindicalmente no se puede aceptar ni vamos a permitir de ningún modo son las amenazas a los trabajadores de la plantilla. Aún menos en soporte o en formato de informe jurídico", apuntó. "Avilés no puede tener en su Ayuntamiento a un cargo de confianza, que cada año le cuesta 90.000 euros, para crear problemas en vez de evitarlos", apostilló.

Manuel Campa, en este sentido, disparó fuera: "Uno de los grandes retos que debe asumir el próximo Gobierno de España es el de crear una modalidad contractual que dé seguridad jurídica a la contratación de personas con mayores dificultades de inserción laboral por parte de las administraciones públicas", dijo. Y añadió: "Los grupos y los sindicatos municipales debemos aunar esfuerzos y voluntades para eliminar las consecuencias adversas de una cláusula que ya no responde al objetivo que perseguía cuando fue aprobada".

El concejal de Empleo se refirió así a un punto incluido en el convenio laboral vigente (prorrogado de 2011): los trabajadores del Ayuntamiento cuyo despido sea declarado improcedente tienen derecho a elegir entre una indemnización o el retorno a su puesto de trabajo. Esta cláusula se aplicaba al personal municipal sin incluir a los del los planes de empleo, las escuelas taller o los talleres de empleo. Sin embargo, estos últimos trabajadores fueron reconocidos por el gobierno municipal como propios en 2008, cuando se aprobó el convenio vigente.

Campa destacó, sin embargo, que el Ayuntamiento ha convocado la contratación de 13 personas en prácticas durante un año por importe de 250.000 euros y, asimismo, ha puesto en marcha un programa de formación y prácticas laborales para 7 personas más y, asimismo, está vigente el Plan Local de Empleo.