La Consejería de Cultura descarta intervenir en numerosas áreas del castro de Podes por ser inseguras para los arqueólogos y el resto de trabajadores. Así lo recoge un informe del Instituto de Prevención y Riesgos Laborales que encargó el Principado a partir de un documento geoarqueológico realizado por científicos del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. El viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, y la directora general de Patrimonio, Otilia Requejo, informaron ayer de la existencia de este informe, cuyas conclusiones "restringen la intervención arqueológica a las zonas identificadas con susceptibilidad cero, en la que la peligrosidad asociada a la erosión marina y fenómenos asociados como la inestabilidad de los acantilados, los argayos, es cero".

El castro de Podes es objeto de discordia entre la administración regional y un equipo de arqueología que lidera Alfonso Pérez Fanjul, que considera urgente intervenir para rescatar en lo posible materiales que se están precipitando al mar. El Principado, sin embargo, lo prohíbe. Y ahora informa de los potenciales riesgos de actuar en el yacimiento gozoniego.

Precisamente el castro Punta'l Castiellu de Podes ha sido el primer enclave donde Cultura ha puesto a prueba un proyecto para documentar los yacimientos a vista de dron. Durante 2016, y a lo largo de varios meses, la dirección general de Patrimonio Cultural utilizó el castro de Podes como caso práctico para desarrollar la nueva metodología. Las inspecciones realizadas "concluyen que la actuación no se puede plantear con criterios exclusivamente arqueológicos puesto que la problemática es muy compleja y requiere soluciones interdisciplinares, además de la intervención de las diferentes instancias administrativas implicadas en la gestión de este espacio".

De los informes solicitados por la dirección general de Patrimonio a distintos departamentos de la administración del Principado y de la del Estado sobre el procedimiento administrativo y técnico para planificar las actuaciones encaminadas a su protección se desprende que "cualquier actuación sobre este castro deberá de tener en cuenta las competencias de cada Administración (local, autonómica y del Estado, a través de la Demarcación de Costas)". Y las consultas realizadas a la Comisión de Urbanismo "ponen de manifiesto la complejidad administrativa de la autorización de cualquier excavación en el espacio del castro debido a que están implicadas distintas administraciones". Por si fuera poco, hace falta la autorización de la dirección general de Recursos Naturales y de la dirección general de Calidad Ambiental, "al ser de su competencia las actuaciones relacionadas con el cambio climático en la costa asturiana".

El objetivo del proyecto de documentación que presentó ayer Cultura y que lleva por título "Castros marítimos asturianos a vista de dron" tiene como objetivos "la documentación de los castros con las más modernas tecnologías; el desarrollo de una metodología innovadora científico-técnica para su estudio e intervención, y la definición de un protocolo de gestión integral para estos espacios arqueológicos". De los 260 castros reconocidos en Asturias, 29 se localizan en la franja costera.

En una primera fase, para captar las imágenes aéreas de los castros, se empleará tecnología suiza "Sensefly", con aviones de ala fija no tripulados, ultraligeros, que realizarán "fotografías de una calidad hasta ahora inexistente en el estudio de este tipo de patrimonio cultural". También tomarán "fotografías verticales georreferenciadas, nubes de puntos en 3D y ortofotografías georreferenciadas y medibles". En una segunda fase, según explicaron los responsables del proyecto, la documentación generada se analizará e interpretará con criterios geoarqueológicos, "aplicando una metodología innovadora de investigación y de intervención" desarrollada a partir de los trabajos realizados en los últimos meses en relación con el yacimiento de Podes. "Una de las conclusiones del trabajo es la necesidad de definir un protocolo de gestión integral de los castros marítimos que implica a diferentes administraciones y organismos en la gestión de estos espacios".