La Fiscalía de Menores del Principado de Asturias ha abierto una investigación sobre la supuesta agresión de un adolescente a una profesora ocurrida el pasado lunes en un instituto de Avilés. La docente presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional anteayer dando paso a la apertura de las diligencias correspondientes. El supuesto agresor prestó ayer declaración ante el fiscal, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación. Por el momento no ha trascendido qué tipo de lesiones sufrió la profesora ni qué motivó la agresión que ahora se investiga.
La profesora sufrió el supuesto ataque dentro del centro educativo. La dirección del centro también le ha abierto un expediente disciplinario al alumno, que desembocará en la consiguiente sanción en caso de confirmarse la existencia de agresión. El citado incidente tuvo lugar en presencia de otros compañeros, siempre según información recabada de fuentes próximas a la investigación.
El servicio del "defensor del profesor" del sindicato ANPE recogió y tramitó cinco agresiones físicas a profesores en Asturias a lo largo del pasado curso escolar, según datos facilitados el pasado diciembre. Cuatro de las agresiones fueron perpetradas por alumnos, y una de ellas por un familiar de un alumno. Un total de 28 profesores -tanto de la red pública como de la concertada y la privada- acudieron a este servicio durante el curso 201516 para denunciar haber sido víctimas de circunstancias que condicionaron negativamente su trabajo, desde faltas de respeto del alumnado a insultos y amenazas por parte de sus compañeros docentes.
Los 28 casos registrados el pasado curso son ocho menos que en el curso anterior, y el 39% se registró en etapas de Secundaria. La indisciplina en las aulas, las falsas acusaciones y las conductas agresivas son algunos de los motivos más frecuentes de denuncia. El sindicato ANPE urgió a finales del pasado año desarrollar un plan de mejora de la convivencia escolar, un plan de seguridad en el entorno laboral y un desarrollo normativo de la ley de Autoridad del Profesorado, aprobada en su día en la Junta pero nunca desarrollada.
Una reciente enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y educativos: "Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas". Continúa: "Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".
