Las empresas estibadoras afirman que la propuesta que pusieron ayer sobre la mesa los sindicatos infringe la ley y, por ese motivo, ni siquiera votaron el documento durante la reunión mantenida con la parte social, lo que aboca a los puertos españoles a nuevas paralizaciones a partir de la próxima semana. Eso sí, pese a ese mazazo, la patronal, englobada en Anesco, asegura que remitirá el próximo martes un nuevo documento "con el objeto de que pueda ser considerado por los representantes de los trabajadores". Ante ese cruce de informes, las empresas estibadoras hacen un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que desconvoquen las huelgas programadas "y permitan un marco razonable de diálogo".

Sin embargo, los trabajadores defendidos por la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC OO, UGT, CGT y CIG ya avisaron el pasado jueves de un recrudecimiento de la huelga si las empresas no daban el brazo a torcer, como así ha sido, por lo menos en la reunión de ayer. Así, anunciaron cuatro nuevos paros de 48 horas para finales de junio y comienzos de julio -del 26 al 28 de junio, del 29 de junio al 1 de julio, entre el 3 y el 5 de julio y del 6 al 8 de julio-. En este caso, serán parciales y solo afectarán a las horas impares. Estos se suman a los paros parciales que ya están previstos para la próxima semana: el lunes, el miércoles y el viernes.

Anesco, en un comunicado, explicó que un informe jurídico advierte de que la propuesta de acuerdo de los sindicatos puede incurrir en posibles infracciones de las leyes en defensa de la competencia y del real decreto que elaboró el Gobierno para la liberalización del sector. Y afirma que los tres puntos claves de los sindicatos no se pueden realizar ya que, de hacerlo, las empresas podrían ser sancionadas.

El primero, "discrimina a diferentes empresas en el coste retributivo, en función de si abandonan o no las Sagep (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), por lo que no es legal aceptar la propuesta de reducir las retribuciones un 5 por ciento a determinadas compañías". El segundo propone la creación de un comité de coordinación de las Sagep, los centros portuarios de empleo (CPE) y las empresas estibadoras para la regulación de las actividades formativas, prácticas, traslado, subrogación, de ingresos y contratación. Y el tercero atribuye la competencia exclusiva para la selección y contratación del personal a las Sagep y los CPE.

"Ante esto, Anesco recuerda la imposibilidad de realizar este tipo de práctica, que pueden llegar a ser sancionadas con multas de hasta el 10 por ciento de la facturación de cada empresa interviniente y de hasta 60.000 euros a las personas directamente implicadas".

Y mientras patronal y sindicatos intentan ponerse de acuerdo, los puertos españoles sufren las consecuencias de la huelga. El ministro de Fomento cifró en 110 millones de euros las pérdidas directas, indirectas e inducidas por los paros y alertó del traslado de actividad desde los muelles españoles a otros países.