Raimundo Abando, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés entre julio de 2011 y junio de 2012, un periodo coincidente con la acción del Gobierno de Foro en el Principado, atribuye a su sucesor en el cargo, el socialista Santiago Rodríguez Vega, el "conocimiento" y el "consentimiento" de prácticas comerciales "en B" en la rula de Avilés, extremo este último que dio por probado la Agencia Tributaria pero que los implicados aún niegan a día de hoy. Como consecuencia de la ocultación de ventas devino una sanción tributaria; los consejeros de la sociedad gestora de la lonja, Nueva Rula de Avilés, firmaron el año pasado un acta de conformidad y aceptaron el pago de una sanción de 1,1 millones de euros al Fisco pese a discrepar del fondo de la cuestión.
La principal prueba que lleva a Raimundo Abando a señalar a Rodríguez Vega como conocedor de la existencia de ventas "en negro" es la existencia de un correo electrónico enviado el 2 de mayo de 2013 dando cuenta del ránking de compradores de la rula en 2012. El remitente del mail es el gerente de la rula, Ramón Álvarez, y el destinatario, el presidente del Puerto, en su calidad de presidente del consejo de administración de Nueva Rula de Avilés. Reza así: "Hola Santiago. Te adjunto el listado de los principales compradores de la lonja durante el año 2012. XXX (aquí consta cierta firma comercial), que figura en segundo lugar, es debido a que a través suyo se canalizaron la mayor parte de las compras de xarda sin declarar; este año no fue así y va a bajar unos cuantos puestos".
Otro segundo mail, este cruzado entre un empleado de la lonja y el gerente, reafirma a Abando en su teoría del fraude. Este correo incluye una tabla comparativa de las ventas de xarda (caballa) en los meses de febrero y marzo de 2011 y 2012. Existen dos líneas que incluyen datos de kilos, importe de venta y precio medio de la xarda para ambos años, y una tercera línea -la más reveladora a juicio de Abando- nombrada "2012 real" que presenta una diferencia sustancial en los conceptos "kilos" e "importe" en comparación con los datos teóricamente "oficiales". Así, la cifra de 2.046.355 kilos consignados para 2012 pasan a ser 3.600.000 kilos en la línea nombrada "2012 real" y el importe de venta aumenta de 2.222.878 euros a 4 millones.
"Es el primer caso que veo en mi larga experiencia profesional en que una sociedad admite la firma en conformidad de una acta de la inspección de Hacienda negando, por otra parte, la existencia de fraude alguno y defendiendo la legalidad de toda la operativa comercial y contable. Ese planteamiento es una locura. Cualquier empresa o sociedad convencida de su inocencia va al contencioso-administrativo y lucha hasta las últimas consecuencias en los juzgados. No hacerlo, como ha sido el caso, significa admitir implícitamente la culpa", expone Raimundo Abando a modo de reflexión sobre la chispa que encendió su curiosidad y que le llevó a investigar por cuenta propia los presuntos manejos de la rula.
Abando, como testigo
Todo esto ocurrió a raíz de la citación de Raimundo Abando como testigo en el juicio celebrado los días 16 y 17 de este mes en el Juzgado de lo Mercantil de Gijón -y pendiente de sentencia- como consecuencia del ejercicio de la acción de responsabilidad social por parte de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" contra trece consejeros y exconsejeros de Nueva Rula de Avilés por el quebranto económico causado a la rula al asumir el pago de la sanción tributaria millonaria derivada de una inspección fiscal desfavorable.
"Cuando supe de la demanda de la Cofradía contra los exconsejeros, lo primero que me pregunté es por qué ni yo ni otros tres exconsejeros de mi época -la exdirectora general de Pesca Eva Llera y los exrepresentantes del Principado en el consejo de la rula Luis Peláez y Mónica Sánchez- figurábamos en la relación. Al habla con la Cofradía me explicaron que desistieron de meternos en la demanda porque ejercimos cargos en el consejo de la rula sólo dos meses, un tiempo que juzgaron insuficiente para habernos puesto al corriente de los manejos turbios que se hacían la lonja", relata Abando.
"Fue el desarrollo del juicio, en el que finalmente no fui llamado a testificar, lo que me indignó en extremo. Allí supe con detalle que la Inspección de Hacienda halló pruebas de la comisión de fraude fiscal, supe de la ocultación de ventas de pescado y vi con estupor que, aun negando los hechos, el actual presidente del Puerto fue favorable a firmar un acta de conformidad que suponía aceptar la comisión de esas prácticas y el pago de una multa millonaria", prosigue el expresidente portuario.
Escandalizado por lo ocurrido y sabedor de que el presunto fraude también se habría llevado a cabo a sus espaldas en los meses que él fue presidente de la sociedad gestora de la rula, Raimundo Abando decidió investigar por su cuenta. Las pesquisas le hicieron acceder a documentación "comprometedora", según la define, y "por una cuestión de decencia" ha decidido hacer público ese material.
"El dinero negro"
"Lo ocurrido es una vergüenza y no vale ahora eso de 'pelillos a la mar'. En la rula, una sociedad participada mayoritariamente por dos entidades públicas, la Autoridad Portuaria de Avilés y el Principado, se cometió fraude fiscal y se manejó dinero negro. Y el presidente de la sociedad, Santiago Rodríguez Vega, lo sabía. Esto en sí ya es gravísimo, pero más lo es que el citado Rodríguez Vega, lejos de depurar responsabilidades de forma fulminante y dimitir a continuación en cuanto tuvo conocimiento de las operaciones 'en B', se mantuvo en su puesto, repescó para el cargo de gerente al hombre que, precisamente, orquestó el fraude y, de cara a la opinión pública, trata de hacernos pasar a todos por idiotas haciéndonos creer que la multa de Hacienda fue aceptada -aún no habiendo cometido fraude alguno- 'como mal menor'", dice Abando.
El expresidente tiene su teoría de por qué su sucesor y los miembros del actual consejo de administración de Nueva Rula de Avilés firmaron el acta de conformidad que les puso delante el inspector de la Agencia Tributaria: "Sólo hay una razón: evitar un juicio penal por delito fiscal, pues las cuotas defraudadas en los años 2010 y 2011 superan la cifra de los 120.000 euros a partir de los cuáles la defraudación puede costar la cárcel".
