Las alarmas están encendidas de nuevo en la factoría de Alcoa en Avilés a la vista del endurecimiento de las condiciones de la próxima subasta eléctrica, que se desarrollará a partir del lunes en Valladolid y en la que las industrias con gran consumo eléctrico -Alcoa, Azsa y Arcelor en el caso asturiano- pujarán para abaratar su factura de la luz a cambio de ofrecer el servicio de interrumpibilidad (la disposición a desconectarse del sistema en caso de sobrecarga, o que haga falta liberar electricidad para otros usos).
Según ha podido saber este periódico, saldrán a subasta ocho lotes de 90 megavatios, los que más interesan a la aluminera estadounidense, para la que la factura de la luz supone en torno al 40 por ciento del coste de producción. Son dos menos de los que salieron a subasta el año pasado y en medios sindicales temen que las plantas de Avilés y La Coruña salgan mal paradas y se queden sin ninguno de estos grandes lotes. Alcoa amenazó con el cierre de ambas plantas en 2014, tras no conseguir ninguno de esos grandes paquetes de potencia en la primera puja, que fueron en aquella ocasión para el complejo aluminero de San Ciprián (Lugo).
Una portavoz de Alcoa admitió ayer de forma lacónica la evidencia -"sí, son menos lotes que el año pasado"- y anticipó cuál será la postura de la multinacional: "La compañía tiene la intención de concurrir a la subasta con la intención de obtener el mayor valor posible de interrumpibilidad para garantizar la actividad de nuestras tres factorías en España". No hubo más comentarios.
La subasta de interrumpibilidad es fundamental para el sistema productivo de las grandes industrias metalúrgicas y siderúrgicas de la comarca; es decir, para Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc (Azsa) y, especialmente, para Alcoa. La interrumpibilidad es un producto que venden estos grandes consumidores de energía al ente regulador de la energía estatal. Consiste en la desconexión de la línea eléctrica de las fábricas con el fin de reconducir posibles caídas de tensión en consumidores comunes.
Las condiciones para repartir esos bonus eléctricos han cambiado este año. La próxima subasta eléctrica, que se desarrollará entre el lunes y el viernes de la próxima semana, tendrá una periodo de vigencia de solo cinco meses, en vez de un año como venía siendo habitual. Es considerada una "subasta de transición", el paso previo al nuevo marco energético que está diseñando el Gobierno de Mariano Rajoy y que mantiene en ascuas a los trabajadores de Alcoa, la compañía más afectada por el coste de la eléctrico. Pero esas medidas son aún una incógnita y ni siquiera está descartado que puedan celebrarse más subastas durante la temporada eléctrica de 2018.
La secretaría de Estado de Energía publicó el lunes la resolución por la que se aprueba el requerimiento de potencia interrumpible a subastar en el proceso de subastas. Las previsiones apuntaban a que saldrían a la puja entre seis y diez bloques de 90 megavatios. El operador del sistema propuso a principios de diciembre sacar a subasta nueve de esos grandes lotes y la Secretaría de Estado de Energía ha decidido que sean finalmente ocho. Así, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, las empresas podrán pujar por ocho bloques de noventa megavatios y por 376 bloques de cinco megavatios.
En la cuerda floja
La planta avilesina de Alcoa permanece en la cuerda floja desde que los bonus eléctricos se empezaron a distribuir mediante el sistema de subasta. Éste, además, está en el punto de mira de Europa. Como informó este periódico, la Comisión Europea investiga a varios países miembros, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a determinadas compañías de gran consumo eléctrico en la presunción de que puedan suponer ayudas de Estado no autorizadas. Entre esos mecanismos se encuentra la interrumpibilidad.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio hace unas semanas un tirón de orejas al PP por su propuesta para modificar la configuración del sistema de la interrumpibilidad de la demanda eléctrica en el sentido de que se queda "corta" en cuanto a estímulo de la competencia.
Alcoa llegó a amenazar con el cierre de las factorías de Avilés y La Coruña en 2014, tras la primera subasta eléctrica, y desde entonces viene alertando de que para continuar su actividad en España precisa de un marco energético estable. Pero éste no acaba de ver la luz. En vísperas de Navidad, vuelve a encenderse la luz roja en la factoría de San Balandrán, donde parecen condenados a no comer tranquilos el turrón ningún año.
