La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de dos años y nueve meses de prisión al propietario de un gimnasio y de una tienda de nutrición en Avilés acusado de vender anabolizantes a personas vinculadas con el mundo del deporte, tanto "amateur" como profesional. La pena solicitada consiste además en una sanción económica de ocho euros al día duirante nueve meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio sanitario o farmacológico por dos años y costas. El juicio oral comenzará el próximo lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, a las 9.15 horas. Inicialmente la vista oral iba a celebrarse también contra otros cuatro acusados, aunque finalmente se retiró la acusación contra uno de ellos por no quedar debidamente acreditada su implicación en los hechos; los otros tres reconocieron su participación en los mismos y alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Fiscal -pendiente de ratificar el lunes-.La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública,
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, titular de un gimnasio en Avilés y de una tienda de nutrición, valiéndose de su función como entrenador, captaba a deportistas y se dedicaba asesorarlos y a suministrarles medicamentos anabolizantes no comercializados legalmente en el mercado español para realizar sus ciclos, sin la oportuna prescripción médica. El acusado era plenamente consciente de los graves riesgos que esas sustancias entrañan para la vida y salud de los deportistas, apunta la Fiscalía.
El Juzgado acordó en 2016 la intervención del teléfono del acusado y como consecuencia del contenido de las escuchas se acordó la entrada y registro en el domicilio del acusado. Sobre las 18.25 horas del día 7 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el registro, en Piedras Blancas (Castrillón), durante el cual "se encontraron numerosos medicamentos, que el acusado tenía para venderlos a terceras personas, deportistas, sin prescripción facultativa, destinando su uso a mejorar su rendimiento deportivo y no para su utilidad original, con el consiguiente alto riesgo para la salud de estos".
"Todos los productos son considerados medicamentos, ya que tienen entre sus ingredientes sustancias farmacológicamente activas y su empleo en competiciones deportivas está prohibido; son considerados medicamentos prohibidos y su consumo produce resultados positivos en controles de dopaje, según la última lista de sustancias prohibidas en el deporte publicada en la resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte", señalan desde el Ministerio Fiscal, que añade además: "Todos los medicamentos intervenidos carecen de garantía alguna en cuanto a que se hayan observado las condiciones de almacenamiento y conservación, así como con el de abastecimiento, por lo que puede verse comprometida su calidad, seguridad y eficacia. Esto supone un riesgo añadido más de salud pública".
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública,
