12 de enero de 2019
12.01.2019

La Canal tendrá comedor el próximo curso, promete el Principado

"El año que viene seguirá el servicio, aunque no sabemos si lo hará con docentes o con una empresa", afirma la presidenta de la AMPA

12.01.2019 | 01:56
María Cristina García y Ana María Vila, las dos trabajadoras con contrato fijo discontinuo.

La Consejería de Educación garantizó ayer que habrá servicio de comedor en el colegio La Canal el próximo curso. Así lo trasladó ayer el propio consejero Genaro Alonso a la directora del centro, Marta Prendes, y a la presidenta de la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA), Arantxa Crespo. Ésta última convocó ayer a las familias para explicarles el contenido de la reunión mantenida en el Principado. "El comedor va a seguir funcionando este curso con los profesores voluntarios y la Consejería nos garantiza que el año que viene habrá este servicio, aunque no se comprometieron a si seguirá con docentes o se encargará de la vigilancia una empresa privada. Eso depende de cómo evolucionen las cosas", concretó Crespo. La presidenta de la Ampa también comentó que la Consejería volverá a sacar a licitación el contrato del servicio de vigilancia para La Canal junto al de otros centros educativos asturianos.

Los contratos de estos servicios son de enero a diciembre y no coincidiendo con el curso escolar. De ahí el problema que surgió en La Canal esta semana con la reanudación del curso tras las vacaciones de Navidad.

El hecho de que los profesores vayan a hacerse cargo de la vigilancia está amparado en la orden de 24 de noviembre de 1992 por la que se regulan los comedores escolares, que en su punto décimotercero dice: "en los casos en que no haya personal docente que voluntariamente participe en las tareas (...), la atención del alumnado constituirá parte del objeto de la correspondiente contratación con las empresas que presten el servicio". Las dos trabajadoras con contrato fijo discontinuo discrepan al respecto y consideran que si hay servicio de comedor, ellas tienen que prestarlo, sea una empresa privada o la consejería quien lo gestione. Y por ello tomarán acciones legales.

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